El 30 de julio de 2025, la Fiscalía General de la Nación determinó archivar la investigación que vinculaba a Guillermo Alfonso Jaramillo con supuestas irregularidades en la financiación de la campaña al Congreso del Pacto Histórico en 2022, informó El Tiempo en un reporte exclusivo.
La decisión, que cierra varios meses de indagaciones, se fundamentó en la ausencia de pruebas concluyentes sobre la existencia de delitos en el manejo de recursos y apoyo logístico durante el proceso electoral.
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La controversia se originó después de que el congresista Hernán Cadavid presentara una denuncia formal en contra de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ejerció como gerente de la campaña al Senado por la coalición Pacto Histórico.
La acusación giraba en torno al uso de aeronaves privadas pertenecientes a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi Sas) para facilitar la movilidad de candidatos.
Según la denuncia, la mencionada compañía pertenece a Carlos Eduardo Restrepo Osorio, un empresario que anteriormente reconoció cargos por narcotráfico en los Estados Unidos.
El medio citado explicó que el expediente penal se abrió oficialmente en octubre de 2023, cuando la Fiscalía inició una serie de diligencias dirigidas a esclarecer si los traslados aéreos a cargo de Sadi Sas constituían una forma de apoyo prohibido por la legislación vigente sobre financiación electoral en Colombia.
Este tipo de respaldo material, si tuviera vinculación directa con personas con antecedentes judiciales, podría acarrear sanciones legales para los responsables de la campaña, conforme a la normativa colombiana.
Durante la indagación, los fiscales revisaron documentos, cotejaron registros oficiales e interrogaron a diversos testigos relacionados con la operación logística de la campaña. La fiscal delegada Marlene Orjuela fue la encargada de emitir el concepto definitivo.
Según el texto de su despacho, recogido por el medio, “no se encontró la comisión de delito alguno” en la conducta de Jaramillo ni de los otros actores investigados.
Una fuente oficial explicó que la evidencia recabada carecía de fuerza probatoria suficiente para demostrar actos ilícitos o aportes ilícitos provenientes de Sadi SAS durante el proceso electoral del Pacto Histórico en 2022.
Pronunciamiento de Hernán Cadavid: “Absolución al Gobierno, condenas a la oposición”
Tras lo anterior, la resolución de archivo ha desatado nuevas polémicas en el ambiente político colombiano. Hernán Cadavid difundió un video en la red social X, donde realizó fuertes cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.
El congresista recordó: “Hace poco más de un año, presenté denuncia contra el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, por los hechos cuando fungía como gerente de la campaña del Senado del Pacto Histórico por los presuntos malos manejos, pues las pruebas brotaban de la tierra y nunca quiso dar la cara en la plenaria de la Cámara de Representantes”.
En su mensaje, Cadavid agregó que la noticia del cierre de la investigación lo sorprendió, especialmente por la trayectoria de la funcionaria a cargo del caso.
El parlamentario afirmó en su video que “la fiscal que cerró el proceso contra Jaramillo es la señora Marlene Orjuela, que fue la misma que vimos con mucha insistencia buscando la condena contra el presidente Álvaro Uribe. Absolución al Gobierno, condenas a la oposición”.
Según relató, nuevas informaciones publicadas por medios de comunicación sugerirían que hubo posibles manipulaciones durante la gestión de Jaramillo en la campaña, irregularidades que, según sostiene, no fueron objeto de investigación adecuada por parte del Ministerio Público.
Cadavid anunció la presentación de nuevos recursos ante las instancias judiciales y disciplinarias. En su declaración pública, reiteró: “Vamos a solicitar, primero, que se reabra esa investigación en la Fiscalía General de la Nación contra Guillermo Alfonso Jaramillo. Y segundo, vamos a solicitar la investigación disciplinaria de la fiscal Marlene Orjuela”.
La decisión final de la Fiscalía General de la Nación marca un punto de inflexión en la disputa, aunque mantiene encendida la controversia sobre la transparencia y la equidad en los procesos de control a la financiación política en Colombia.
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