La persistente inundación de entre 523 y 600 hectáreas de vegetación en las riberas del Lago de Tota ha generado preocupación por la calidad del agua que consumen los habitantes de la provincia de Sugamuxi.
Según la Fundación Tota Sostenible, este fenómeno, que se repite anualmente, es consecuencia directa de omisiones administrativas y abandono de infraestructura por parte de Corpoboyacá, a la que la organización señala como el principal responsable de la contaminación en el mayor cuerpo de agua dulce de Colombia.
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La denuncia, presentada por la Fundación Tota Sostenible, sostiene que la gestión de Corpoboyacá ha estado marcada por la ejecución de estudios repetitivos que, lejos de aportar soluciones, han diluido recursos públicos sin resultados efectivos.
En palabras de la organización, “la mayor fuente de contaminación del lago en el tiempo que lleva administrando Corpoboyacá son los estudios, la forma más fácil y rápida de diluir los recursos públicos”. Además, la fundación advierte que proyectos heredados de entidades como la CAR y el Inderena, entre ellos viveros y estaciones piscícolas, permanecen en estado de abandono total.
Esto genera que la laguna presente malos olores y una gruesa capa de vegetación muerta que se descompone, esto se evidencia en el video donde se ve la hierba muerta y el agua oscura que cubre gran parte de la pierna del denunciante.
Uno de los aspectos más críticos señalados por la fundación es la violación de la Resolución 0458 del 14 de junio de 2005, expedida por la propia Corpoboyacá. Esta normativa exige el cierre de las compuertas del río Olarte cuando el nivel del lago se aproxima al punto de rebose, desviando el excedente hacia el cauce natural del río Upía.
Sin embargo, la denuncia subraya que estas compuertas no funcionan desde hace más de 50 años, lo que ha provocado desbordamientos recurrentes, descomposición de materia vegetal y, en consecuencia, contaminación de las aguas.
La fundación también acusa a Corpoboyacá de desconocer la Sentencia 094 de 2015 de la Corte Constitucional, que dejó sin efecto el Decreto Ley 1111 de 1952, base jurídica de las obras que actualmente generan las inundaciones. Según la organización, la falta de cumplimiento de esta sentencia ha perpetuado un modelo de gestión que afecta la salud ecológica del lago y la seguridad hídrica de la región.
Diego Pedraza, vocero de la Fundación Tota Sostenible y representante del gremio cebollero de Boyacá, profundizó en las acusaciones al señalar que la autoridad ambiental ha incumplido su deber legal y técnico al no cerrar las compuertas del río Olarte.
Pedraza afirmó que esta omisión ha provocado la inundación de cerca de 600 hectáreas en los alrededores del lago, lo que ha generado la descomposición de materia vegetal en las zonas anegadas y la consiguiente contaminación de las aguas que abastecen a aproximadamente 250.000 personas en Boyacá y regiones vecinas.
Durante una entrevista al medio El Diario Boyacá, Pedraza criticó la inversión de más de $7.000 millones en estudios técnicos que calificó de “inútiles”, al no haber aportado soluciones reales al problema ambiental. Además, denunció que las obras de infraestructura existentes en la zona se encuentran “deterioradas y abandonadas”, sin que exista un plan de mantenimiento ni intervenciones oportunas.
Otro de los puntos señalados por el líder gremial es la proliferación de la planta acuática Elodea, introducida años atrás por el Estado para alimentar truchas en el ecosistema. Actualmente, esta alga representa un factor de contaminación severo, sin que Corpoboyacá haya implementado estrategias eficaces para su control o erradicación. Pedraza resumió la situación al afirmar: “Lo que estamos viendo es una inoperancia sistemática de la autoridad ambiental. La raíz del problema es la falta de gestión y de decisiones técnicas adecuadas por parte de Corpoboyacá”.
Hasta el momento, Corpoboyacá no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a estas denuncias. Según la información disponible.
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