La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra Natalia Vidales Martelo, exreina de belleza de Cartagena, por su presunta participación en la falsificación de una escritura pública que habría sido utilizada para evadir los controles migratorios y sacar del país a su hijo recién nacido sin la autorización del padre del menor.
De acuerdo con la denuncia penal interpuesta por Carlos Ernesto Parra Conrado, padre del niño, los hechos se remontan al 21 de diciembre de 2024, cuando su hijo fue sacado de Colombia con destino a Madrid, España.
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Según consta en los documentos del caso, Vidales Martelo habría presentado ante Migración Colombia una escritura pública supuestamente protocolizada en la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena de Indias, con número 4.589 del 17 de diciembre de 2024, la cual —según la denuncia— sería falsa.
El documento en cuestión fue el que le permitió a la exreina obtener la autorización migratoria para salir del país en compañía del menor, sin contar con el consentimiento del progenitor.
No obstante, el padre aseguró que “jamás firmó ni otorgó autorización alguna para la salida del niño del territorio nacional”, y que la firma que aparece en la escritura “fue falsificada con el propósito de inducir en error a las autoridades migratorias”, tal como se señala en la denuncia presentada ante la Fiscalía.
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Presunto fraude notarial
La investigación se centra en determinar el origen y la autenticidad de la escritura pública utilizada. Según información de la Notaría Sexta de Cartagena, durante el 2024 se radicaron aproximadamente 3.996 escrituras, lo que genera dudas sobre la validez del documento número 4.589, presentado por Vidales Martelo.
El abogado penalista Germán Percy Rodríguez, apoderado del denunciante, explicó que en este caso podrían configurarse los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, debido a que la exreina habría utilizado un documento falso para obtener una resolución administrativa contraria a la ley. “El delito de Fraude Procesal se configura cuando una persona, mediante medios fraudulentos, induce en error a un servidor público para conseguir un acto administrativo ilegal. En este caso, la autorización de salida del país del menor se habría obtenido de manera irregular”, señaló el jurista.
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De comprobarse los hechos, las sanciones contempladas en el Código Penal Colombiano por el delito de falsedad en documento público oscilan entre cuatro y doce años de prisión, mientras que el fraude procesal puede acarrear penas de seis a doce años de cárcel.
El retorno del menor y la intervención judicial
Tras conocer la denuncia, un juez de familia ordenó el retorno del menor a Colombia, medida que se hizo efectiva el 26 de agosto de 2025, ocho meses después de su salida del país. Según el expediente, el niño regresó acompañado de las autoridades competentes y fue puesto bajo la custodia temporal de su padre, Carlos Ernesto Parra Conrado, que pudo reencontrarse con él en septiembre de este año.
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El denunciante manifestó que su objetivo no es solo la reparación de sus derechos y los del menor, sino también esclarecer las presuntas responsabilidades de las autoridades involucradas. “No solo se trata de la falsificación de una escritura, sino de un procedimiento migratorio que pasó sin los controles adecuados”, se lee en el documento presentado ante la Fiscalía.
La denuncia incluye además una solicitud formal para que se investigue la actuación de funcionarios de la Notaría Sexta y de Migración Colombia, por la posible omisión de verificación del documento presentado el día del viaje.
Por ahora, el proceso continúa en etapa de indagación preliminar, mientras se recaudan las pruebas documentales y testimoniales necesarias. “La justicia debe esclarecer cómo un documento presuntamente falsificado logró pasar los filtros institucionales y permitir la salida del país de un recién nacido sin el consentimiento de su padre”, concluye el abogado Rodríguez en la denuncia.
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