Un informe técnico de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ha puesto en el centro del debate la gestión de los recursos públicos en el sistema de salud colombiano, al revelar que entre 2018 y 2023 se facturaron servicios médicos por $2,3 billones a 471.480 personas fallecidas.

Este hallazgo, que al parecer representa una de las inconsistencias detectadas en la depuración y actualización de la información del sistema, ha generado una respuesta inmediata tanto del Gobierno nacional como de las entidades prestadoras de salud involucradas.

El presidente Gustavo Petro habló sobre la necesidad de abordar estos resultados con un enfoque técnico y libre de sesgos políticos, enfatizando que “es indispensable asegurar la trazabilidad de los recursos públicos en salud para fortalecer la confianza ciudadana y proteger la sostenibilidad del sistema”.

Sobre este tema, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, informó que entre 2020 y 2023 se identificaron 274.434 personas fallecidas con servicios médicos facturados por $1,38 billones, además de sobrecostos en medicamentos por $1,42 billones entre 2019 y 2023, debido a cobros superiores al Precio Máximo de Venta (PMV).

El funcionario agregó que “es SURA la EPS con las mayores cifras en ambos casos. En total, $2,8 billones entre fallecidos y medicamentos. Estamos poniendo denuncia penal”.

El informe de la Adres, elaborado en cumplimiento de los Autos 007, 089 y 504 de 2025 de la Corte Constitucional, detalla que el 30% del valor total de los servicios facturados a fallecidos se concentró en 2021, alcanzando $699.480 millones.

El análisis muestra que el 52 % del gasto correspondió al régimen contributivo, aunque el régimen subsidiado tuvo la mayor cantidad de casos. Entre las entidades, Sura EPS registró 50.404 personas fallecidas y un gasto de $684.969 millones. Le siguieron Compensar EPS con $418.970 millones y Savia Salud EPS con $261.580 millones.

El informe se basó en comparar diferentes bases de datos sobre afiliados, servicios médicos, procedimientos y medicamentos. Según la ADRES, la coincidencia entre estas bases superó el 99,7 %. Esto indica que los datos revisados son confiables y que los problemas encontrados no son casos aislados, sino que reflejan fallas en los sistemas de control y depuración de información.

El Decreto 780 de 2016 establece que la afiliación al sistema debe finalizar automáticamente con el fallecimiento del usuario, y que las EPS tienen la obligación de reportar la novedad en un plazo máximo de cinco días hábiles. No obstante, la ADRES advierte que la limitada interoperabilidad con la Registraduría Nacional y los retrasos en la depuración de datos han permitido la facturación de servicios inexistentes, en contravención de la Sentencia C-824 de 2004, que prohíbe el uso indebido de recursos públicos.

Entre los casos documentados, la ADRES identificó 29 personas con servicios reportados más de 20 años después del fallecimiento, 4.666 con atenciones un año o más posteriores, y 67 fallecidos con más de 2.000 actividades registradas en un solo año. Además, 28 personas registraron valores superiores a $500 millones anuales, con un caso que alcanzó $2.700 millones, lo que evidencia la magnitud de las deficiencias en los controles previos al reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Sura se defiende de las acusaciones

Frente a las acusaciones, EPS Sura defendió su gestión y rechazó cualquier irregularidad, afirmando que “en EPS SURA solo atendemos personas vivas”. La empresa explicó que los casos referidos en el informe corresponden a servicios prestados a usuarios que, en el momento de la atención, estaban con vida.

Según Sura, las diferencias observadas en los registros administrativos se originan en desfases habituales entre la atención médica, la validación de datos y la facturación, procesos que forman parte de la dinámica del sistema de salud colombiano.

También destacó que ha entregado todos los soportes y evidencias de su operación a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Salud y Protección Social, y explicó que no se le ha atribuido responsabilidad fiscal en materia de medicamentos, cuyos valores, según la empresa, “se han mantenido dentro de los rangos definidos por el Ministerio de Salud”.

Además, la entidad prestadora de salud reiteró su disposición a colaborar con las autoridades, asegurando que “reiteramos nuestra disposición permanente para colaborar con las autoridades competentes, como lo hemos hecho siempre, entregando información clara y verificable que contribuya a fortalecer la confianza en el sistema de salud colombiano”.

Sura aseguró que ha trabajado bajo criterios técnicos, cumpliendo con la normativa y manteniendo transparencia en su gestión. Sostuvo que su actuación se guía por la ética y la administración responsable de los recursos públicos destinados a la salud.

La Adres ha puesto los hallazgos a disposición de la Superintendencia Nacional de Salud y de los órganos de control fiscal y disciplinario, y está desarrollando un tablero de analítica pública que permitirá verificar y cruzar en tiempo real los registros de facturación. Por su parte, el Presidente de la República insistió en que las auditorías deben avanzar “con independencia, rigor técnico y transparencia”, evitando cualquier interpretación política del proceso.

El contraste entre los hallazgos de la ADRES y la defensa de EPS Sura pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la interoperabilidad, la trazabilidad y la rendición de cuentas en el sistema de salud colombiano. La ausencia de datos confiables, una interoperabilidad efectiva y mecanismos automáticos de validación mantiene al sistema expuesto a riesgos de pagos indebidos y a la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. **