En horas de la mañana del 9 de octubre de 2025, la comunidad del barrio Simón Bolívar, de Cartagena, quedó conmocionada luego del ataque por parte de hombres armados a Juan Camilo Palacios Figueredo, miembro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
En imágenes que empezaron a circular en las cámaras se ve cómo el funcionario corre para evitar ser atacado por uno de los sicarios que lo estaba persiguiendo con un arma de fuego y se mete entre las cuadras de la urbanización, perdiéndose de la vista del circuito de seguridad.
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En ese momento se escuchan varios disparos y segundos después, aparece el sicario que se sube a una motocicleta con otro hombre que lo estaba esperando en una de las vías principales del lugar, para huir.
El video muestra que momentos más tarde aparece el joven con algunos impactos por arma de fuego, pero caminando por sus propios medios mientras es acompañado por la comunidad en vista de las lesiones que habría sufrido.
Un hombre que transitaba por el lugar detiene su motocicleta y lo espera y se sube con él y otro ciudadano y emprenden trayecto hacia la clínica que se encuentra unas pocas cuadras del lugar.
En otro de los videos, se ve como en el momento en que la víctima y el delincuente ingresan a un callejón, de inmediato este último empieza da descargar el arma en contra de la humanidad del joven, alcanzándolo con algunas balas que por momentos lo dejan tendido en el piso.
Tras una serie de ataques armados dirigidos contra integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena. Las agresiones, que se encuentran bajo lo que ha sido denominado como un “plan pistola”, que ha ocasionado una creciente preocupación por la seguridad de los funcionarios del sector penitenciario.
Según el procurador general Gregorio Eljach, estos hechos reflejan una amenaza persistente contra el personal de custodia.
El enfoque de las autoridades se ha intensificado tras el reciente ataque a bala, hecho que se suma a una ola de violencia que, de acuerdo con lo declarado por Eljach, “en los últimos tres años ha cobrado la vida de más de treinta integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec en todo el país”.
Además, el procurador recordó el asesinato, el 16 de mayo de 2024, del coronel Élmer Fernández, quien era director de la cárcel La Modelo, subrayando que estos ataques “evidencian la persistente amenaza contra funcionarios penitenciarios”.
Ante la gravedad del panorama, el funcionario realizó un llamado urgente al Gobierno nacional para que adopte medidas efectivas de protección y prevención, remarcando la necesidad de estrategias más contundentes frente a la violencia sistemática que afecta al sistema penitenciario.
Desde la Defensoría del Pueblo, la reacción ha sido enfática: este tipo de atentados requiere “respuestas inmediatas del Estado colombiano”, y ha presentado tres acciones urgentes para enfrentar la situación. Entre ellas, exhortaron al Inpec y al Ministerio de Justicia a “fortalecer de manera efectiva sus rutas institucionales de protección, de modo que se garantice la vida e integridad de los funcionarios penitenciarios en todo el territorio nacional”.
Además, se hizo un pedido a la Fiscalía para que agilice las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
En cuanto a la atención inmediata a las víctimas, la Defensoría solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) “evaluar el nivel de riesgo de los dos funcionarios heridos y activar, de manera inmediata, las medidas de protección que resulten necesarias frente a la amenaza inminente que enfrentan”, puntualizando la necesidad de respuestas rápidas y coordinadas.
Las autoridades mantienen activa la alerta sobre posibles nuevos atentados, mientras el debate gira en torno al fortalecimiento institucional y la protección de quienes integran el sistema de custodia y vigilancia en los centros penitenciarios colombianos.
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