Defensoría del Pueblo pidió declarar emergencia carcelaria ante ola de atentados contra funcionarios del Inpec

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó al Gobierno nacional la declaración de emergencia carcelaria en el país debido a la grave crisis de seguridad y orden público en los centros penitenciarios. La petición surge después de los recientes atentados sicariales que dejaron un saldo de cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Bogotá, Armenia, Cali y Palmira asesinados.

A esto se suma el ataque armado conocido en la mañana del jueves 9 de octubre contra un funcionario del instituto, identificado como Juan Camilo Palacios Figueredo, en una calle del barrio Simón Bolívar, en Cartagena (Bolívar).

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Marín alertó ante medios de comunicación que varias entidades han debido suspender sus jornadas de atención dentro de las cárceles por causa de la actual ola de violencia.

Según sus declaraciones, solicitó al Ministerio de Justicia el impulso de medidas adicionales, entre las que mencionó traslados de personas privadas de la libertad y la judicialización de hechos criminales que ocurren dentro de los penales.

“Es muy grave la situación que se está presentando en varios centros carcelarios del país. Varias instituciones hemos tenido que suspender nuestras jornadas de atención en las cárceles debido a esta situación, y hemos pedido al Ministerio de Justicia que adopte diversas medidas, no solo relacionadas con el traslado de personas privadas de la libertad, sino también con la judicialización de actos ocurridos dentro de los centros penitenciarios, a través del sector justicia y otras acciones”, afirmó Marín.

La defensora señaló además como factores agravantes la ausencia de programas sólidos de resocialización y el hacinamiento, elementos que, a su juicio, han confluido en forma negativa y hacen urgente una respuesta estatal más ágil y flexible, especialmente en materia presupuestal y de traslados.

Por último, Marín destacó la necesidad de evitar trámites ordinarios para facilitar decisiones inmediatas que contribuyan a restablecer la seguridad y el orden en el sistema penitenciario. “Pero esto se enmarca en una crisis más estructural, en la que no existen procesos de resocialización lo suficientemente sólidos en las cárceles, y además persiste el hacinamiento. Todo esto confluye de forma negativa. Le hemos pedido al Gobierno que considere decretar el estado de emergencia carcelaria para atender esta situación”, agregó Marín.

Inteligencia habría revelado que ‘Pipe Tuluá’ paga hasta $5 millones por crimen de funcionarios del Inpec

LA FM informó que fuentes de inteligencia vinculan a alias Pipe Tuluá, principal cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, con la serie de atentados contra dragoneantes del Inpec en varias ciudades.

Según la emisora, las autoridades manejan información que indica que alias Pipe Tuluá estaría ofreciendo entre tres y cinco millones de pesos a los sicarios encargados de asesinar a miembros de la institución penitenciaria.

Las pesquisas señalan que esta escalada de ataques estaría relacionada con la reclusión de alias Pipe Tuluá en una estación de Policía en Bogotá, donde permanece bajo estricta vigilancia. Los atentados serían una forma de presionar para conseguir su traslado a la cárcel La Picota o a la Modelo, desde donde pretende coordinar las actividades logísticas y criminales de su organización.

En cuanto al avance de las investigaciones, la Policía Nacional capturó a ocho personas y retuvo un vehículo presuntamente implicado en el asesinato del dragoneante del Inpec Manuel Antonio Becerra Palma, hecho ocurrido el 3 de octubre en Palmira (Valle del Cauca).

La Policía Nacional, a través de sus unidades en el departamento de Policía Valle, identificó los vehículos utilizados en el homicidio y localizó uno de ellos en las últimas horas en un establecimiento comercial. El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, declaró que durante el operativo también fue decomisado material de guerra que será analizado por peritos en balística.

“Las armas incautadas serán cotejadas por los investigadores judiciales para determinar si alguna de ellas habría sido la utilizada en el homicidio del señor dragoneante”, precisó Triana.