El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó los intentos de silenciar al presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X.
En sus declaraciones, Benedetti se refirió a un video que circula en redes sociales creado por la IA, donde se le acusa de intentar limitar la voz del mandatario en un consejo de ministros.
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“¿Por qué quieren callar al presidente de la República? Por ahí vi un video en el que dicen que yo lo estoy callando”, expresó el ministro.
Benedetti defendió la gestión de Petro, asegurando que “este es el único presidente de la República que ha hablado en favor de los pobres”, en contraste con administraciones anteriores que, según él, privilegiaron a “la clase dirigente, de los ricos y han distribuido mal las tierras y las riquezas de este país”.
Benedetti resaltó la persistente desigualdad en el país, al señalar que Colombia figura “entre los tres países más desiguales”.
Además, Benedetti subrayó el carácter histórico del gobierno actual. “Este es el primer presidente de izquierda y por eso siempre habla en favor de los pobres, no de los ricos, como todos los otros presidentes”, afirmó.
El mensaje concluyó con una referencia a la tecnología y un duro sablazo a diferentes sectores políticos del país: “Ni la Inteligencia Artificial podrá callar al presidente @petrogustavo”.
Armando Benedetti se refirió a la investigación por presunta violación de topes en la campaña Petro Presidente: “No han encontrado nada”
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció acerca de la compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de Justicia a raíz de la investigación sobre una posible violación de los topes de financiación durante la campaña presidencial de Gustavo Petro.
El 8 de octubre de 2025, la Sala de Instrucción del alto tribunal solicitó a la Cámara de Representantes que se iniciara una indagación contra el presidente por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña a la consulta presidencial interna del Pacto Histórico, celebrada en marzo de 2022.
Ante estos hechos, Benedetti manifestó que respeta el papel del alto tribunal y aclaró el alcance de la compulsa de copias en este contexto.
“Me parece bien que la Corte también actúe. Lo que hace una compulsa es que alguien da una información sobre un tema del cual la Corte Suprema no es competente y lo manda a la Comisión de Acusaciones, allí no han encontrado tampoco nada, como tampoco lo hizo el Consejo Nacional Electoral, en contra de que haya un exceso de la campaña que haya superado los topes”, afirmó.
Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia remitió copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se determinen eventuales inconsistencias en los reportes financieros de las campañas celebradas ese año.
El alto tribunal gremializó su petición de esclarecer si existió ocultamiento de gastos en la financiación política.
El eje central de la investigación está vinculado con los vuelos contratados mediante la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS).
La Corte constató que se realizaron 27 desplazamientos aéreos equivalentes a 72 horas de vuelo que presuntamente no se reportaron como gastos en la campaña presidencial, sino que se incluyeron en la contabilidad del Pacto Histórico al Senado.
Según la investigación, esta maniobra habría buscado eludir la superación de los topes electorales establecidos por la legislación colombiana.
Los documentos examinados por la Sala de Instrucción revelan que los servicios de transporte aéreo, cuyo valor superó los $2.324 millones, fueron distribuidos en dos facturas: una a nombre de la campaña al Senado por $1.215 millones y otra con el mismo monto adjudicada a la consulta presidencial.
El expediente advierte que, en varios de los trayectos, los pasajeros no eran aspirantes al Congreso, sino el entonces precandidato Gustavo Petro, su equipo de seguridad y familiares.
La lista de nombres vinculados al proceso incluye a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña, y Guillermo Jaramillo, actual ministro de Salud y coordinador de la campaña legislativa del Pacto Histórico, quienes figuran en los documentos tras las decisiones adoptadas por la Corte.
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