La Procuraduría General de la Nación realizó una inspección disciplinaria en la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) dentro de una indagación previa por presuntas anomalías en un contrato de cerca de 29.000 millones de pesos.
La actuación busca determinar si hubo irregularidades en la firma y ejecución de un acuerdo con la empresa Puerta de Oro Empresa de Desarrollo del Caribe S. A. S., destinado a la organización de eventos durante 2024 y 2025.
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El procedimiento, llevado a cabo el 7 de octubre por funcionarios de la Tercera Delegada para la Contratación Estatal y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, incluyó la revisión de documentos relacionados con la planeación, suscripción y cumplimiento del contrato. El objetivo, según informó el ente de control, es confirmar o descartar posibles faltas disciplinarias e identificar a los responsables.
La apertura de la indagación se produjo después de denuncias públicas que alertaron sobre la magnitud y condiciones del contrato. Entre ellas, destacó la de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, quien cuestionó el uso de la contratación directa y la falta de soportes visibles en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). En su publicación en la red X, la congresista señaló que “los recursos previstos para darle tierra a los colombianos más humildes terminaron en contratos exuberantes para eventos”.
Durante la inspección, los investigadores solicitaron los expedientes técnicos y administrativos del proceso, las actas de planeación, los comprobantes de pago y los informes de ejecución. La Procuraduría busca determinar si el contrato cumplió con las normas de transparencia y con los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación pública.
Una de las observaciones centrales apunta a la presunta utilización de la figura de contratación directa en lugar de un proceso de licitación, pese al monto elevado del contrato. Además, habría sido desembolsado el 100 % del valor pactado como anticipo antes de la ejecución completa del objeto contractual. Estas circunstancias motivaron el seguimiento especial del organismo disciplinario.
La Procuraduría también verificará la documentación relacionada con la administración de los recursos mediante una fiducia. Según las denuncias, ese mecanismo pudo haber permitido una ejecución sin controles suficientes. En esta etapa, el organismo recopila pruebas para determinar si el procedimiento fue ajustado a la ley o si hubo conductas que ameriten sanciones.
El contrato en cuestión fue firmado en diciembre de 2024, con vigencia hasta junio de 2025. De acuerdo con las denuncias, habría sido objeto de adiciones que incrementaron su valor original y de modificaciones que ampliaron sus compromisos. La senadora Valencia insistió en que el uso de una fiducia y la entrega anticipada de recursos podrían constituir un manejo inadecuado del presupuesto destinado a programas de tierras.
La inspección en la ANT forma parte de un plan de control preventivo y disciplinario que la Procuraduría adelanta sobre diferentes entidades estatales. Este procedimiento no implica aún sanciones, pero busca recopilar información para determinar si hay mérito para abrir una investigación formal. En caso de hallarse indicios de faltas disciplinarias, el organismo podrá ordenar la apertura de procesos, imponer medidas preventivas o sancionar a los responsables.
Fuentes del ente de control explicaron que las pesquisas incluyen el análisis de los contratos suscritos por la ANT con terceros, los informes de supervisión y los comprobantes de pago de servicios. El propósito es establecer si se cumplieron los lineamientos legales y si la contratación directa estuvo debidamente justificada.
El proceso de inspección coincidió con la polémica generada por el aumento de los contratos por prestación de servicios en la entidad, que, según denuncias de otros congresistas, se habría incrementado en un 400 % durante el último año. En ese contexto, las actuaciones de la Procuraduría buscan determinar si estos patrones responden a decisiones administrativas justificadas o a posibles irregularidades.
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