Una jornada que inició con consignas por la paz y solidaridad con el pueblo palestino terminó en una escena de caos, golpes y denuncias por uso excesivo de la fuerza en Medellín. Tras los enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios de la Secretaría de Seguridad durante la marcha pro Palestina en el sector de El Poblado, el presidente Gustavo Petro cuestionó duramente la actuación de las autoridades locales y calificó lo ocurrido como “puro militarismo prohibido por la ley”.
El mandatario se pronunció a través de su cuenta en la red social X, luego de que se viralizara un video donde contratistas de la Alcaldía de Medellín, identificados como “gestores de convivencia”, agreden con patadas, correas y piedras a varios manifestantes y defensores de derechos humanos.
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En las imágenes se observa además al subsecretario operativo de Seguridad dar la orden de intervenir. En la grabación se le escucha decir: “Intervengan”, mientras se desarrollaban los disturbios.
“El gobierno nacional debe desmantelar este grupo violento dirigido desde el poder local. Es puro militarismo prohibido por la ley”, escribió Petro, marcando distancia frente a los hechos y apuntando directamente a la administración de Federico Gutiérrez.
De la movilización pacífica al enfrentamiento
Durante casi cuatro horas, la marcha transcurrió con relativa normalidad. Unas 300 personas partieron desde el Politécnico Jaime Isaza Cadavid hacia el Parque de El Poblado, portando banderas palestinas y pancartas en apoyo al cese de hostilidades en Gaza, donde el conflicto ha dejado más de 64.000 muertos en los últimos dos años, según cifras internacionales.
Sin embargo, cerca de las 6:00 p.m., el ambiente cambió drásticamente. Un grupo de manifestantes realizó grafitis en algunos locales comerciales y, en medio del intento de disuadirlos, funcionarios de la Secretaría de Seguridad y miembros de la Policía intervinieron con fuerza. Los videos muestran golpes, empujones y hasta granadas aturdidoras lanzadas para dispersar a la multitud.
Además, se hizo viral otra grabación en la que aparece el concejal Andrés “el Gury” Rodríguez, del Centro Democrático, empuñando un bate y encarando a manifestantes. Aunque no se observan choques en ese momento, se escucha a una persona gritar frases alusivas al paramilitarismo, lo que generó aún más indignación en redes sociales.
Rodríguez había publicado previamente en X que saldría a las calles a “defender la ciudad”, y tras los incidentes respondió: “¿Uno los enfrenta para defender los niños y el paraco es uno? Vandalizaron todos los locales y se ponen a llorar”.
La defensa de la Alcaldía y la reacción del Gobierno
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, defendió la actuación de sus funcionarios, afirmando que la intervención se dio “en el marco del PMU y frente a actos de violencia en la avenida El Poblado”.
“Que no se equivoquen quienes creen que en Medellín van a desafiar la autoridad, el orden y la legalidad. Aquí la Fuerza Pública debe cumplir su deber legal y constitucional”, escribió Villa en X.
No obstante, la versión oficial fue rebatida por defensores de derechos humanos y congresistas del Pacto Histórico, quienes denunciaron que los supuestos gestores de convivencia fueron usados como un cuerpo parapolicial para reprimir la protesta, lo que contraviene las normas que rigen la actuación de los entes civiles.
“No pueden suplantar a la Fuerza Pública”: Isabel Zuleta
Una de las voces más críticas fue la de la senadora Isabel Zuleta, quien difundió un video en el que señaló directamente al alcalde Federico Gutiérrez y al secretario Villa.
“¿Quién les dijo que pueden suplantar a la Fuerza Pública con los mal llamados gestores de seguridad? Es evidente que quienes actuaron con violencia fueron personas contratadas por la Alcaldía de Medellín con recursos públicos”, denunció Zuleta.
La congresista exigió que las autoridades competentes judicialicen a los funcionarios que ordenaron o participaron en las agresiones, advirtiendo que esos actos “violan la ley y ponen en riesgo la vida de quienes protestan pacíficamente”.
En otra publicación, Zuleta también pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar al concejal Andrés Rodríguez, a quien acusó de incitar a la violencia y declarar “la guerra” a la ciudadanía.
Sin balance oficial
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas heridas o detenidas, ni sobre los daños materiales ocasionados en los establecimientos que fueron pintados durante la manifestación.
Mientras tanto, el debate sobre los límites del uso de la fuerza y la actuación de los gestores de convivencia abre un nuevo enfrentamiento político entre el Gobierno nacional y la administración de Medellín, en un contexto donde el presidente Petro insiste en “erradicar las prácticas de militarización del orden civil”, y la Alcaldía defiende que actuó para preservar el orden y evitar daños mayores.
La Fiscalía y la Procuraduría podrían asumir la investigación de lo ocurrido, mientras crece la exigencia de transparencia y de sanciones ejemplares ante lo que el propio presidente ha definido como una muestra de “militarismo prohibido por la ley”.
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