Aunque los anuncios del Gobierno apuntan a una reducción histórica en el costo de la energía para la Costa Caribe, en los hogares de Atlántico, Magdalena y La Guajira esa promesa aún no se traduce en alivio real.
Las facturas, según múltiples usuarios y observatorios ciudadanos, siguen reflejando montos similares a los del año pasado, pese a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) asegura que las tarifas de Air-e cayeron un 25 % durante el último año.
El superintendente Felipe Durán Carrón calificó la medida como un hito, resultado, según dijo, de la intervención estatal en la empresa y del trabajo conjunto entre el Ministerio de Minas y Energía, la CREG y la misma Air-e. El ajuste habría permitido que el valor del kilovatio hora bajara de $1.072 en agosto de 2024 a $796 en septiembre de 2025, ubicando así esta tarifa como la tercera más baja del país. “Es un resultado concreto del proceso de intervención y de una articulación institucional que está dando frutos”, declaró Durán Carrón en su momento.
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Sin embargo, esa visión optimista no es compartida por todos. El observatorio ObservadoresCol Data & Analytics publicó un informe que contradice las cifras oficiales y advierte que la reducción no se refleja en la mayoría de los usuarios de Air-e, especialmente en los estratos más bajos. “Se necesita acción inmediata del Gobierno y de la Creg para corregir la inequidad tarifaria y hacer efectiva la promesa de alivio para los estratos 1 y 2”, señala el documento.
De acuerdo con el estudio, más del 74% de los clientes de la compañía pertenecen a los estratos 1 y 2, y ninguno de ellos observa cambios significativos en sus recibos. La razón, explican, radica en que no existe una resolución vigente de la Creg que autorice descuentos para los usuarios subsidiados. Además, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, no avaló la reducción porque esos estratos ya recibían subsidios previos. Esta situación ha dejado por fuera a cerca de 3,3 millones de personas que viven en los tres departamentos del norte del país.
En contraste, los usuarios de estratos medios y altos sí perciben pequeñas variaciones a la baja, aunque en proporciones menores a las anunciadas por el Gobierno. Esa diferencia en el impacto alimenta una sensación de inequidad y desconfianza frente a los anuncios oficiales.
“Mientras el discurso se centra en una supuesta rebaja generalizada, la realidad es que los hogares más vulnerables siguen pagando prácticamente lo mismo”, agregó el informe.
El documento también cuestiona la metodología empleada por las autoridades para presentar los resultados. Según el análisis, comparar las tarifas de agosto de 2024 con las de septiembre de 2025 puede inducir a error, ya que entre esos meses hubo ajustes transitorios, subsidios extraordinarios y cambios regulatorios que alteran la base de comparación. Además, factores como impuestos municipales, cargos por pérdidas técnicas y el IVA pueden neutralizar la rebaja aplicada al kilovatio base.
Desde el lado del Gobierno, los comunicados oficiales insisten en que la intervención de Air-e permitió “aliviar los costos del servicio eléctrico para la población del Caribe colombiano”, sobre todo para los sectores más vulnerables.
Entre las medidas mencionadas figuran la eliminación del régimen tarifario especial que regía para la empresa, ajustes en el cargo de comercialización y la extensión de la opción tarifaria para los usuarios de la región.
No obstante, la realidad en terreno parece otra. En medios regionales, usuarios aseguran que sus recibos siguen llegando con montos iguales o apenas inferiores, sin evidencias de una reducción del 25%.
Algunos atribuyen esta diferencia a la falta de claridad en la lectura de medidores, a los recargos por consumo y a los impuestos locales que se suman al costo de la energía.
Otro punto crítico tiene que ver con el alcance del subsidio. En los estratos 1, 2 y 3 solo se cubre hasta 173 kWh mensuales, cuando el consumo promedio en la Costa Caribe supera los 350. Esto significa que más de la mitad del uso doméstico queda sin apoyo estatal, lo que anula buena parte del supuesto beneficio.
Ante la polémica, ObservadoresCol pidió al Ministerio de Minas y Energía y a la Creg publicar cifras desagregadas por estrato y transparentar los componentes tarifarios que se aplican en la región. De no hacerlo, advierte el informe, la brecha entre el discurso oficial y la percepción ciudadana seguirá creciendo, mientras los hogares más pobres continúan esperando el alivio que, según el Gobierno, ya debería haberse sentido.
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