La reciente desarticulación de una red dedicada al tráfico de explosivos ha sacudido al municipio de Marmato (Caldas) y a varias localidades del Eje Cafetero y Antioquia, donde cinco personas que se presentaban como empresarios fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal.
Los implicados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimiento minero y fabricación, tráfico o porte de armas y explosivos.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos, según confirmó el ente acusador.
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Explosivos desde tres países
Las investigaciones revelaron que la organización identificaba proveedores de explosivos en Ecuador, Venezuela y Perú, desde donde adquiría anfo, cordón detonante, detonadores y mechas de seguridad.
Estos materiales ingresaban a Colombia de forma clandestina, ocultos en vehículos de carga, automóviles y motocicletas.
Una vez dentro del país, los explosivos eran almacenados en inmuebles ubicados en Marmato (Caldas), Barbosa, Bello, Medellín, San Roque y Segovia (Antioquia), puntos estratégicos para su posterior distribución hacia operaciones mineras irregulares.
La Dirección Especializada contra los Delitos Ambientales fue la encargada de imputar los cargos a los detenidos, señalados de surtir de material explosivo a diferentes frentes de minería ilegal que operan en el occidente y el nordeste antioqueño.
Los empresarios señalados
Entre los acusados figura Elkin Giovanny Riascos Ortiz, identificado por la Fiscalía como presunto cabecilla de la estructura, junto a Dubán Alberto Velásquez Valencia, Diego Alejandro Cruz Osorio, Luz Mery Valencia Bedoya y John Wilderman Franco Herrera.
Cuatro de ellos recibieron medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que Franco Herrera permanecerá en un centro carcelario, ya que enfrenta otro proceso penal por delitos similares.
Según el expediente, Riascos Ortiz y Velásquez Valencia gestionaban una planta de beneficio y una mina en Marmato, ambas sin permisos ambientales ni títulos mineros. Parte del explosivo utilizado provenía de barras de indugel desviadas de empresas legalmente habilitadas para su uso industrial, lo que agravó el impacto ambiental y legal de las operaciones.
La pista que llevó a la red
Las autoridades comenzaron a seguir la pista de Dubán Alberto Velásquez Valencia hace más de un año, luego de su captura en flagrancia con material explosivo.
De acuerdo con el expediente citado por El Tiempo, en la madrugada del 19 de junio de 2024, Velásquez fue interceptado por agentes de tránsito en la vía Cabuyal, zona rural de La Pintada (Antioquia), cuando conducía un vehículo Mazda.
Durante la inspección, los uniformados hallaron 6.000 metros en rollos de mecha de seguridad, fabricados por una marca boliviana de explosivos. Al no presentar documentación que acreditara el transporte legal de ese material, fue capturado y posteriormente vinculado al proceso que hoy lo tiene bajo investigación.
El expediente judicial también señala que Velásquez Valencia aparece con matrícula de comerciante en la Cámara de Comercio de Manizales desde marzo de 2021, donde registró como actividad económica la extracción de oro y otros metales preciosos.
La dirección consignada corresponde al sector La Quebrada de Marmato, epicentro de históricas tensiones por la minería no formalizada.
Cuentas, transporte y nexos financieros
En el caso de Luz Mery Valencia Bedoya, la Fiscalía sostiene que habría facilitado sus cuentas bancarias para recibir y mover dinero de la red. Por su parte, John Wilderman Franco Herrera fue identificado como transportador de los explosivos, y ya se encontraba privado de la libertad por otro proceso penal.
El abogado Juan Guillermo Montoya, defensor de Velásquez Valencia, dijo al medio citado que no haría declaraciones de fondo “por respeto a la familia” de su cliente, pero subrayó:
“Hasta ahora es una imputación y está afrontando el proceso desde una domiciliaria. Además, en Marmato no existe la minería ilegal, sino la minería no formalizada, e incluso así consta en una sentencia de la Corte Constitucional”.
Las autoridades sostienen que el caso podría destapar una red de tráfico transnacional de explosivos que abastece a operaciones mineras ilegales en varias regiones del país.
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