La confirmación de la condena de 20 años de prisión contra Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario, en el corregimiento de Riachuelo (Charalá, Santander), por su responsabilidad en delitos vinculados al paramilitarismo y la explotación sexual de menores, fue ratificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga.
El fallo, de 136 páginas, detalló los hechos que condujeron a la sanción, incluyendo vínculos directos de Gutiérrez con integrantes del frente paramilitar Cacique Guanentá, así como el uso de su vivienda y de las instalaciones escolares para reuniones políticas, actividades y hospedaje de miembros del grupo armado.
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La decisión, documentada en sentencia con ponencia del magistrado Guillermo Ángel Ramírez Espinosa y ratificada el 29 de septiembre de 2025, mantuvo la orden de captura inmediata y el cumplimiento efectivo de la condena.
La Fiscalía General de la Nación demostró que, entre 2001 y 2003, Gutiérrez permitió que numerosas estudiantes fueran víctimas de abusos sexuales sistemáticos perpetrados por los cabecillas de la estructura criminal Cacique Guanentá.
Según el Ministerio Público, “la mujer presentaba y ofrecía a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y otras celebraciones. También prestó la oficina de la rectoría para que se ejecutaran las agresiones”.
El expediente judicial precisa que al menos dos víctimas, Rosa Isabel Pinzón Niño y Nolba Rubiela Castro Cruz, sufrieron secuestro agravado, acceso carnal violento, esclavitud sexual y desplazamiento forzado, crímenes cometidos en favor del grupo armado entre 2002 y 2006.
El fallo estableció que la casa de la familia Moreno se convirtió en “un lugar abierto para los integrantes del Frente Comunero”, habilitado para el almacenamiento de víveres, fiestas y estadía de los cabecillas.
La investigación de la Fiscalía, iniciada en 2024, recopiló pruebas documentales y testimonios que resultaron determinantes en la verificación de la responsabilidad penal de Gutiérrez.
La exrectora, en su defensa, argumentó inconsistencias en los testimonios presentados en su contra; no obstante, el Tribunal, tras analizar las pruebas, concluyó su culpabilidad: “Por lo menos, dos víctimas permanecieron encerradas y soportaron durante prolongados periodos los vejámenes de jefes paramilitares conocidos como ‘Víctor’, ‘Carlos’, ‘Nariz’, ‘Chirrete’, ‘Silvestre’ y ‘Shuster’”.
El fallo del Tribunal Superior fundamenta que las acciones de Lucila Gutiérrez “contribuyeron directamente al sostenimiento del grupo armado y a los vejámenes cometidos contra las víctimas, especialmente niñas y adolescentes del colegio”.
A pesar del recurso de apelación presentado por su defensa y de los argumentos planteados, la decisión quedó en firme y solo queda la opción de interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Judicializan a un profesor de artes acusado de abuso sexual contra dos estudiantes en Boyacá
La decisión judicial que ordena la reclusión preventiva de Pedro Nel García marcó un punto de inflexión en el caso que investiga presuntos abusos sexuales cometidos contra dos menores en Moniquirá (Boyacá).
La Fiscalía General de la Nación comunicó que, tras la valoración de los elementos materiales probatorios presentados, un juez penal de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para el docente, quien se desempeñaba como profesor y director de un taller de artes en la localidad.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados habrían ocurrido entre enero de 2020 y agosto de 2023. Durante ese periodo, el docente presuntamente aprovechó la ausencia de los padres de las niñas, quienes asistían a sus clases, para agredirlas sexualmente. Además, según el ente acusador, intimidó a las víctimas para evitar que denunciaran lo sucedido.
La situación fue finalmente expuesta por las propias menores, quienes informaron a profesores y orientadores del colegio donde estudiaban. Ante la denuncia, el personal educativo activó los protocolos de protección establecidos y procedió a notificar a la Fiscalía General de la Nación.
Como resultado de la investigación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el respaldo de la Policía Nacional, realizaron la captura de Pedro Nel García en Moniquirá. Posteriormente, un fiscal adscrito a la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.
El acusado no aceptó el cargo formulado en su contra. No obstante, por disposición del juez de control de garantías, deberá permanecer privado de la libertad en un centro de reclusión mientras avanza el proceso judicial.
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