La propuesta del Gobierno nacional de eliminar el impuesto a las bebidas alcohólicas de la Ley de Financiamiento ha generado un rechazo frontal por parte de la Fundación Anáas y Red Papaz.
Ambas organizaciones advierten que esta medida pondría en riesgo la salud pública y favorecería intereses particulares, especialmente los de la industria cervecera, al tiempo que debilitaría los esfuerzos para reducir el consumo de alcohol en la población colombiana.
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Al respecto, Infobae Colombia habló con Carlos Jiménez, experto en proyectos de incidencia de Red Papaz, donde entregó detalles sobre el rechazo a la iniciativa del Gobierno nacional.
Según Jiménez, con esta iniciativa, el país estaría perdiendo la oportunidad de avanzar en impuestos saludables.
“Excluir las bebidas alcohólicas va en contravía de estas disposiciones. Los impuestos saludables buscan proteger a la población, especialmente a niñas, niños y adolescentes. Hay datos que respaldan esto: el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar indica que la edad promedio de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas en Colombia es de trece años", indicó Carlos Jiménez.
Por tal motivo, indicó que el impuesto saludable a las bebidas alcohólicas funciona, ya que representa una barrera económicas, en especial para menores de edad.
“Proponemos que las bebidas alcohólicas se incluyan en el proyecto de ley de financiamiento por los beneficios que esto representa. El impuesto saludable a las bebidas alcohólicas funciona porque, a medida que estos productos pagan conforme al grado de alcohol, aumenta su precio y esto representa una barrera económica, en especial para niñas, niños y adolescentes. Es una medida que protege la salud de toda la población, con énfasis en menores de edad”, expresó Carlos Jiménez a Infobae Colombia.
Y agregó: “Este tema no solo implica consumo temprano de un producto nocivo, sino también situaciones donde los derechos de niños, niñas y adolescentes se ven afectados, como episodios de violencia o siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol. Por eso, reiteramos que el impuesto no debe salir de la ley de financiamiento de la reforma tributaria. Ese es el mensaje central”.
Carlos Jiménez puntualizó a Infobae Colombia que el objetivo principal “es aumentar el nivel de conciencia en la sociedad sobre el daño que produce la normalización del consumo de bebidas alcohólicas. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que no existe un consumo seguro de alcohol; el consumo está asociado a enfermedades cardíacas, hepáticas y al cáncer, entre otras”.
Y agregó: “Los estudios muestran que la sociedad colombiana, según los sondeos, estaría de acuerdo en que las bebidas alcohólicas paguen más impuestos. Más de tres de cada cuatro padres y madres de familia han hablado con sus hijos sobre el tema. Sin embargo, la mayoría coincide en que hay una alta accesibilidad para menores de 18 años. Además, la publicidad de las empresas de bebidas alcohólicas incentiva el consumo en jóvenes, y los propios padres y madres lo perciben así. Esto tiene implicaciones, como la edad temprana de inicio”.
El respaldo social a estas medidas es considerable. Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red Papaz, afirma que “la evidencia científica libre de conflictos de interés, es contundente al afirmar que no existe un nivel de consumo de alcohol que sea seguro para la salud. Existe un fuerte apoyo a la acción gubernamental: el 75% afirma que reducir los daños del alcohol es tarea del gobierno, y una mayoría respalda impuestos más altos, especialmente si los ingresos financian la educación, la salud o los programas sociales. Idealmente, debemos buscar que estos impuestos sean parte de la inversión en salud”.
Blanca Llorente, directora de Investigación de la Fundación Anáas, sostiene que: “la cerveza ha tenido un tratamiento tributario preferencial que no responde a criterios de salud pública y tampoco desde el punto de vista fiscal. Hay enormes impuestos que se deberían estar cobrando. Hay enormes posibilidades de nivelar el terreno para que la cerveza pague lo equiparable a las demás bebidas alcohólicas. Tratamiento igual a productos iguales”.
En este contexto, Fundación Anáas y Red PaPaz hacen un llamado a que el debate sobre la política fiscal en torno al alcohol se realice con transparencia y sin interferencias de la industria. Advierten sobre la necesidad de gestionar adecuadamente los conflictos de interés para garantizar que las decisiones respondan al interés público y no a presiones sectoriales.
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