Por el presunto direccionamiento de contratos por $17.654 millones, y la aparente apropiación de recursos de cerca de $3.000 millones, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) capturó a Misael Cadavid, exdirector del Cuerpo de Bomberos de Itagüí; Elkin de Jesús González, exrepresentante legal de la organización bomberil, y a Yaneth Rúa García, exfuncionaria de la Alcaldía de Medellín, durante la administración de Daniel Quintero.
Según se conoció por parte del ente acusador, en procedimientos que se llevaron a cabo el lunes 6 de octubre, la investigación se centra en hechos ocurridos en la gestión del hoy precandidato presidencial del Pacto Histórico, cuando se suscribieron una serie de convenios que llevaron a que los procesados se hubieran presuntamente apropiado de recursos del contrato celebrado entre los Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva),
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La captura de Cadavid se produjo en medio de pesquisas que avanzan sobre este contrato, por lo que será llamado a comparecer por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Junto al exdirector del cuerpo bomberil, también fue detenida García, exfuncionaria de Área Metropolitana, que figura entre las principales investigadas por las presuntas irregularidades, y González, excomandante de este organismo de emergencia.
Además, otras personas vinculadas al proceso son Juan Alberto Cardona Henao, tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí; Ana María Roldán Ortiz, exsubdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el cuatrienio pasado; y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectora Ambiental y ordenadora del gasto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que también hicieron parte de estas entidades durante la administración del acusado exalcalde.
El caso que podría traer ‘ruido’ a la campaña de Daniel Quintero
Según precisó Caracol Radio, la veeduría Todos por Medellín presentó la denuncia luego de enfrentar obstáculos para obtener información pública vinculada a los contratos. Mediante documentación judicial, argumentaron que los convenios contemplaban la adquisición de kits y la realización de capacitaciones dirigidas a los cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá, labores a cargo de la supervisión del Amva y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
De acuerdo con el citado medio, este colectivo, que hizo control al tema, explicó que gran parte de estos servicios no posee soportes de ejecución, cotizaciones ni evidencia que explique las diferencias de precios entre requerimientos similares. En el caso del requerimiento PP0149, el costo ascendió a $13.927.677, mientras que para el PP0402, destinado a un servicio similar, el valor fue de $6.240.000, sin documentación técnica que respalde esta variación.
Las revelaciones indican que desde diciembre de 2022, se radicó una tutela para exigir el acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos, en reconocimiento del derecho ciudadano a conocer estos datos. La tutela fue rechazada en primera instancia, pero un juez de segunda instancia ordenó la entrega de la información en un plazo de 48 horas; pese a esto, en febrero de 2023 fue necesario radicar un incidente de desacato para la entrega de lo solicitado.
En abril de 2023, el Cuerpo de Bomberos de Itagüí señaló a Todos por Medellín que se incurrió en actos de injuria y calumnia en su contra tras informar a la ciudadanía mediante canales digitales sobre las acciones jurídicas emprendidas. No obstante, se reiteró que la solicitud de información pública no constituye persecución; y en abril de 2024, se presentó la denuncia formal ante la Fiscalía para que el organismo de control investigara este proceso.
En ese sentido, también se habría establecido que el hoy capturado es conocido por supuestamente mantener vínculos políticos con el senador conservador Carlos Andrés Trujillo, que a su vez tuvo un rol protagónico durante la administración de Quintero Esta información incrementaría el interés sobre las posibles implicaciones políticas del caso, ya que los contratos investigados fueron firmados durante el periodo en el que el aspirante fue alcalde de Medellín.
En este proceso, lo que viene incluye la legalización de la captura, en la que se validarán las detenciones de los implicados en este caso y la imputación de cargos por parte de la Fiscalía. “Desde Todos por Medellín reafirmamos nuestro compromiso con promover la ética pública y prevenir la corrupción. Nuestro deber es seguir vigilando con independencia y rigor”, expresó la veeduría que aportó el material para radicar una denuncia sobre este asunto.
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