
Las acusaciones sobre la supuesta utilización de la política de Paz Total como estrategia electoral intensificaron el debate político en Colombia, a medida que se acerca el final del mandato de Gustavo Petro.
A menos de un año que el presidente deje la Casa de Nariño y se convoquen las elecciones de 2026, la discusión sobre la ley de sometimiento propuesta por el Ejecutivo ha cobrado protagonismo, con voces críticas que advierten sobre sus posibles implicaciones para la democracia y la seguridad institucional.
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El senador Mauricio Gómez Amín, miembro del Partido Liberal, expresó su preocupación por el trasfondo de la iniciativa. Según el precandidato presidencial, el proyecto no solo busca avanzar en la agenda de la Paz Total, sino que estaría orientado a influir en los resultados de los próximos comicios.
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“Este proyecto es muy peligroso, porque tiene mucho que ver con las elecciones del 2026: el Gobierno nuevamente quiere hacer pacto con los criminales, con los bandidos, y tenerlos de su lado para las elecciones. Esto es un peligro para nuestra democracia”, afirmó en diálogo con Semana.
A su vez, el legislador detalló que la ley de sometimiento contiene disposiciones que, en su opinión, favorecen a sectores específicos, como los integrantes de la Primera Línea, exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Incluso calificó la propuesta del Gobierno nacional como una “ley de sumisión”, argumentando que su verdadero propósito sería debilitar el Estado. “Arrodillar al Estado” fue la expresión que utilizó para describir el alcance de la iniciativa.
En cuanto el impacto sobre la fuerza pública, el senador advirtió que la aprobación de la ley representaría un grave perjuicio para las instituciones encargadas de la seguridad. “Nuestros soldados y policías poniendo el pecho, arriesgando su vida por la bandera y por Colombia, mientras que el Gobierno está premiando a los bandidos. Este es el mundo al revés”, explicó Gómez Amín al medio citado.
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El congresista también evocó el llamado “pacto de La Picota 2.0”, aludiendo al escándalo que involucró a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y sugirió que la nueva ley tendría repercusiones directas en el proceso electoral de 2026. “Esto sí tiene incidencia en el 2026”, subrayó.

Así las cosas, Gómez Amín hizo un llamado al Congreso para que rechace la iniciativa, cuestionando la sinceridad del Gobierno en su voluntad de alcanzar la paz. En ese mismo sentido, sostuvo que impedir la aprobación de la propuesta es un mensaje claro a la administración liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro.
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“Yo quiero llamar al orden hoy al Congreso, tiene que pararse firme porque ese proyecto no puede pasar. Yo no creo en la voluntad del Gobierno, eso hay que hundirlo y tiene que ser un mensaje a la fuerza pública para que entienda que nosotros estamos del lado de ellos”, concluyó el senador.
A estas críticas se sumó José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, que coincidió con Gómez Amín en que la ley de sometimiento tendría como objetivo principal la excarcelación masiva de delincuentes, lo que, según él, serviría para consolidar apoyos electorales.
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“Van a promover la excarcelación de miles de personas y lo hacen como antesala a una elección presidencial, donde estas estructuras van a ser un proselitismo criminal a favor de los candidatos del Pacto Histórico. La intención es absolutamente clara”, declaró Uscátegui a Semana.
El representante instó a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, a pronunciarse en contra de la ley de sometimiento, reforzando así la presión institucional sobre una de las iniciativas más controvertidas del actual Gobierno.
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