El abogado Jaime Granados se refirió a la nueva indagatoria contra Álvaro Uribe por las masacres del Aro y La Granja: “No se han evaluado las pruebas de la defensa”

Jaime Granados, abogado defensor de Álvaro Uribe Vélez, puso en duda la legalidad y la oportunidad de la citación a una nueva indagatoria del expresidente colombiano por su presunta vinculación y omisión en las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y los hechos de la hacienda Guacharacas. Además, argumentó que la Fiscalía la activó cuando aún no terminaba una práctica probatoria que la propia entidad decretó y prorrogó, luego de que la citación se anunciara el 18 de junio de 2026.

Granados afirmó que el expediente se mueve bajo un sistema inquisitivo, reservado, y ubicó la citación en la antesala de la segunda vuelta presidencial como el eje de su cuestionamiento.

El dato procesal que el abogado colocó en el centro de su reparo tiene fechas precisas: la Fiscalía decretó pruebas pedidas por la defensa el 7 de abril y luego concedió una prórroga el 26 de mayo para completarlas. Según Granados, esa prórroga sigue vigente y por eso la convocatoria a indagatoria llegó antes de que concluyera esa etapa.

Granados, abogado de Uribe, dijo a Blu Radio que el expresidente ya había rendido versión libre ante la Fiscalía hace cerca de 3 años y que en esa diligencia respondió “absolutamente todas las preguntas” que el ente acusador quiso formularle.

La defensa vinculó la citación con la segunda vuelta electoral

El penalista vinculó esa objeción con una lectura política del momento de la decisión. “Entonces, causa realmente sorpresa que, sin que se hayan evacuado las pruebas oportunamente pedidas por la defensa, decretadas por la Fiscalía y prorrogadas a petición de la Fiscalía, no de la defensa, vengan ahora, sin que se hayan podido completar, a llamar a indagatoria”, dijo Granados al medio citado.

La base del planteo de Granados es una diferencia de régimen procesal frente al caso que, según recordó, terminó el año pasado con la absolución de Uribe. “La primera es que el sistema por el cual se procesa este caso, eh, es un sistema inquisitivo, no es el sistema acusatorio, por el cual tuvimos el año pasado el juicio y final absolución del señor expresidente”, dijo el abogado a Blu Radio.

En esa misma explicación, el defensor señaló que la reserva propia de ese sistema le impide exponer en detalle lo ocurrido dentro del expediente.

Granados ubicó dentro de esa lógica la versión libre ya rendida por Uribe. Según dijo a Blu Radio, ese paso ya se cumplió y, por la forma en que opera el trámite en sus etapas iniciales, la Fiscalía actúa allí como juez y parcialmente como parte.

La secuencia que describió incluyó luego el pedido de pruebas de la defensa y la aceptación de la propia Fiscalía. “Habíamos solicitado a la Fiscalía este año, eh, y la Fiscalía había decretado, concretamente el 7 de abril, unas pruebas que consideraba la Fiscalía que eran conducentes, y pertinentes por parte de la defensa, y estábamos en el desarrollo de esta práctica probatoria”, dijo Granados al medio radial mencionado

Granados apuntó a Marcela Abadía por la prórroga y por no fijar fecha de la diligencia

El abogado precisó que la extensión del plazo no fue pedida por la defensa sino por los fiscales encargados de practicar esas pruebas. “La fiscal Marcela Abadía, que lleva este caso, fiscal tercera delegada ante la Corte, accedió a lo que sus propios fiscales le pidieron y decretó el 26 de mayo una prórroga para que se pudiera agotar esa actividad. Entonces, en prórroga que, por supuesto, no se ha vencido”, dijo Granados a Blu Radio.

Ese punto es el que la defensa usa para sostener que la citación carece de justificación inmediata. Granados agregó a Blu Radio que la resolución ni siquiera fijó fecha para la indagatoria y solo indicó que sería anunciada con la debida anticipación.

Según su relato, esa omisión agrava la sospecha sobre el sentido de la medida. El abogado comparó el trámite con el antecedente de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Uribe y dejó allí definidas las pautas de la diligencia, aunque luego la fecha se modificó por un cambio de órgano competente.

En el caso actual, dijo a Blu Radio, la funcionaria que ordena la indagatoria es la misma que la practicaría. Desde esa premisa, preguntó por qué no se esperó la recepción y valoración de las pruebas faltantes antes de adoptar una decisión sobre el rumbo del expediente.

“El único afán es que tenemos elecciones el domingo en segunda vuelta y claramente aquí mostró ya su cara real la fiscal que lleva este caso”, dijo el abogado a Blu Radio.

La defensa enlazó esa hipótesis con el peso de Uribe en la campaña. Según explicó Granados a Blu Radio, el expresidente respaldó de manera pública a Bernardo Alexander tras los resultados de la primera vuelta, en la que la candidata Paloma Valencia no pasó al balotaje, y el Centro Democrático conserva la segunda bancada en el Congreso.

En esa línea, el abogado sostuvo que una decisión judicial de alto impacto sobre una figura con esa gravitación pública no puede separarse del calendario electoral. “Con lo único objetivo de decretar esta llamada indagatoria es para producir impacto político el domingo entrante, es decir, en 3 días”, dijo Granados a Blu Radio.

También rechazó que la tutela promovida por Eduardo Montealegre hubiera presionado el desenlace. Según explicó a Blu Radio, esa acción solo obligaba a responder fechas e información puntual y no afectaba la autonomía de la Fiscalía sobre el fondo del caso ni sobre el curso de la actividad probatoria.

Los hechos investigados abarcan las masacres de El Aro y La Granja y el crimen de Jesús María Valle

Consultado sobre el origen de la investigación, Granados dijo a Blu Radio que los hechos acumulados se refieren a las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997 en Ituango, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Sumó además el homicidio del líder de derechos humanos y abogado Jesús María Valle, cometido el 27 de febrero de 1998.

Sobre ese último episodio, el abogado afirmó a Blu Radio que Uribe ya no era gobernador y que estaba fuera de Colombia, en la Universidad de Oxford, en una estancia invitado por esa universidad. A partir de allí insistió en que durante años se practicaron pruebas favorables al expresidente, aunque dijo que no puede describirlas por la reserva legal.

Granados agregó a Blu Radio que la Corte Suprema tuvo el caso entre 2014 y 2020, cuando Uribe era senador, y que durante esos 6 años no encontró mérito para llamarlo ni a versión libre ni a indagatoria. También señaló que antes de remitir el expediente a la Fiscalía el 15 de septiembre de 2020, la Corte ordenó pruebas que luego la Fiscalía continuó cumpliendo.

El abogado evitó pronunciarse sobre el contenido concreto del testimonio de Salvatore Mancuso. Dijo a Blu Radio que no podía referirse a las pruebas por la reserva del sumario, pero añadió que Mancuso ya dio aclaraciones y precisiones y que aún está pendiente una nueva aclaración ordenada por la Fiscalía a pedido de la defensa.

La defensa evalúa acciones contra la fiscal y menciona una posible recusación

El cuestionamiento de Granados no quedó solo en el plano discursivo. El abogado confirmó a Blu Radio que el equipo defensor evalúa “todas las diferentes avenidas jurídicas” para proteger el debido proceso y el derecho de defensa de Uribe frente a lo que calificó como una actuación arbitraria.

Aunque evitó anticipar qué medidas concretas presentarán, sí identificó a la funcionaria a cargo del caso como Gloria Marcela Abadía Cubillos y señaló a Blu Radio que se presentó como candidata a una de las plazas de la Corte Suprema de Justicia en las salas de primera instancia. Ante la pregunta sobre una eventual recusación, respondió que la decisión se comunicará cuando esté radicada.

“No, no, no, aquí bajo ninguna circunstancia, aquí no hay ningún elemento probatorio que conduzca a eso”, dijo a Blu Radio.