La senadora Paloma Valencia, integrante del Centro Democrático, anunció la intención de acudir a instancias internacionales para que los exguerrilleros de las Farc enfrenten penas de cárcel.
Valencia sostuvo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no ha impuesto sanciones proporcionales a los delitos cometidos por los excombatientes, por lo que buscarán alternativas fuera del sistema judicial colombiano, incluyendo la Corte Penal Internacional.
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Según la senadora, los estatutos de este tribunal internacional exigen que las sanciones correspondan a la gravedad de los crímenes.
Valencia explicó que la acción internacional se plantea como respuesta a lo que considera una falta de justicia efectiva en el país.
Señaló que, si la JEP no garantiza penas de prisión para los responsables de crímenes graves, recurrirán a organismos internacionales donde, a su juicio, las normas son claras respecto a la proporcionalidad de las sanciones.
“Las sanciones tienen que ser proporcionales a los delitos”, enfatizó la senadora, quien subrayó la necesidad de que los exguerrilleros enfrenten consecuencias penales acordes con la magnitud de sus actos.
La senadora también expuso sus argumentos sobre la supuesta impunidad que, según ella, beneficia a los exmiembros de las Farc.
Indicó que, en el marco de la justicia transicional, solo siete personas han sido identificadas como máximos responsables dentro de la antigua guerrilla, lo que, en su opinión, ha llevado a la eliminación de investigaciones o procesos judiciales para el resto de los excombatientes.
Valencia insistió en que su postura no busca impunidad para ningún sector, sino que reclama “una justicia igual para todos”.
Valencia criticó el tratamiento judicial que reciben los miembros de la fuerza pública. Afirmó que, mientras para las Farc se limita la responsabilidad penal a un pequeño grupo, en el caso de las fuerzas armadas no solo se imputan a los supuestos máximos responsables, sino que también se intenta perseguir a las cadenas de mando.
Además, advirtió que la situación jurídica de muchos integrantes de la fuerza pública permanece sin resolverse, ya que continúan bajo proceso judicial (“sub iudice”), lo que, según ella, evidencia una diferencia de trato frente a los exguerrilleros.
El pronunciamiento de Valencia se produce en el contexto de los nueve años transcurridos desde el plebiscito por la paz en Colombia.
La senadora reiteró su inconformidad con la implementación de los acuerdos, al afirmar que “se le hizo conejo a la victoria del NO”, en referencia a la percepción de que la voluntad expresada en las urnas no se respetó plenamente durante el proceso de paz y la posterior aplicación de la justicia transicional.
Para Valencia, la búsqueda de justicia para las víctimas de los crímenes cometidos por las Farc requiere que los responsables enfrenten penas de prisión efectivas. Si la JEP no cumple con este propósito, la senadora sostiene que recurrirán a instancias internacionales, convencida de que allí las normas exigen sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos.
Paloma Valencia reta a Petro por crímenes de la guerrilla
La senadora Paloma Valencia desafió al presidente Gustavo Petro a exigir cárcel para los crímenes cometidos por la guerrilla, en respuesta a las acusaciones del mandatario sobre su supuesta complicidad en los casos de falsos positivos.
La controversia se intensificó tras el anuncio de una demanda presentada por Valencia, del Centro Democrático, contra Petro, lo que reavivó el debate sobre la responsabilidad política en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En su pronunciamiento, la senadora reiteró que ha solicitado sanciones para todos los actores armados, incluidos mafiosos, paramilitares, guerrilleros y agentes estatales implicados en asesinatos de civiles.
“He pedido cárcel para los mafiosos. He pedido cárcel para los paramilitares. He pedido cárcel para los guerrilleros. He pedido cárcel para toda la delincuencia, incluyendo aquellos que con el uniforme se atrevieron a matar civiles sabiendo que eran civiles”, afirmó Valencia en su cuenta oficial de X.
El presidente Petro respondió a través de la misma red social, señalando que “no es odio decir que debieron separarse los militantes del partido y miembros del gobierno responsable políticamente, del hecho probado del asesinato sistemático de 6.402 jóvenes, crimen de guerra que se produjo con dinero público, con funcionarios del gobierno y por resoluciones públicas del gobierno”.
Según cifras oficiales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 6.402 jóvenes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia durante el periodo señalado.
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