La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió iniciar una investigación formal contra el magistrado Alejandro Ramelli, actual presidente de la Justicia Especial para la Paz (JEP), tras recibir una denuncia que cuestiona la interpretación de un caso relacionado con los denominados falsos positivos.
La controversia gira en torno a la inclusión de un supuesto campesino como víctima en un expediente de la entidad, cuando, según diversos testimonios y reportajes periodísticos, se trataba en realidad de un miliciano de las extintas Farc que murió en combate con el Ejército.
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El expediente en cuestión, identificado como caso 03 dentro de la Justicia Especial para la Paz, fue señalado por la denuncia como un ejemplo de una versión errónea sobre los hechos. De acuerdo con los documentos presentados ante la Comisión de Acusaciones, los informes disponibles, así como investigaciones periodísticas, apuntan a que la persona reportada como víctima de un falso positivo era en realidad un integrante de la guerrilla que falleció durante un enfrentamiento legítimo con las Fuerzas Militares.
La información revelada por Semana expuso que el caso no era un campesino, sino de un miliciano de las Farc que murió en combate legítimo con las tropas del Ejército. Este señalamiento pone en entredicho la decisión del magistrado Alejandro Ramelli de incluir a esta persona como víctima en el proceso judicial de la JEP, a pesar de la información contenida en los documentos oficiales sobre su verdadera identidad y circunstancias de muerte.
Otras denuncias por irregularidades en la JEP
No es la primera ocasión en la que Alejandro Ramelli enfrenta denuncias por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones dentro de la Justicia Especial para la Paz. Meses atrás, una magistrada del mismo tribunal presentó una queja relacionada con un viaje al departamento de La Guajira, el cual, según su apreciación, no respondía a necesidades institucionales y representaba un uso inadecuado de recursos. Esta situación motivó una denuncia formal contra el presidente de la JEP.
En el texto de la querella presentada ante la Comisión de Acusaciones, el denunciante expresó: “En ejercicio del derecho constitucional de control político y judicial sobre la función pública y con fundamento en la calidad de aforado del funcionario denunciado, presento esta denuncia penal y disciplinaria contra Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en virtud de su calidad de aforado y en atención a los graves hechos que se detallan a continuación”.
Este hecho fue señalado como un posible uso indebido de recursos y tiempo en un momento en que la JEP enfrenta retrasos en decisiones clave sobre macrocasos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
El evento también generó tensiones internas en la JEP. La magistrada Claudia López Díaz expresó su desacuerdo mediante una carta dirigida a Ramelli, en la que cuestionó la pertinencia del encuentro.
En su misiva, López señaló que el traslado de toda la magistratura para participar en esta actividad no respondía a las necesidades más urgentes del tribunal y podría ser contraproducente en el contexto actual.
Además, advirtió sobre la posibilidad de que se activara la suspensión de términos durante el evento, lo que, según ella, afectaría la celeridad de los procesos que la sociedad colombiana exige.
En respuesta, Ramelli envió una carta a López solicitándole que se abstuviera de realizar comentarios públicos sobre el caso. Según análisis jurídicos citados por el medio, esta comunicación podría interpretarse como un intento de restringir la libertad de expresión y la autonomía funcional de la magistrada. Las cartas intercambiadas entre ambos han sido propuestas como evidencia en posibles investigaciones sobre la gestión del caso.
En consecuencia, la Comisión de Acusaciones anunció que llevará a cabo los actos de verificación necesarios para determinar la responsabilidad de Alejandro Ramelli en las denuncias que actualmente se tramitan en esa instancia.
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