El Ministerio de Salud aseguró que no existe un desabastecimiento general de medicamentos en el país y señaló que se adelantan estrategias conjuntas con el sector farmacéutico para superar los problemas puntuales de distribución.
El pronunciamiento se produjo en respuesta a la orden de la Corte Constitucional de presentar un plan integral para enfrentar lo que denominó una crisis en el acceso y sobrecostos de fármacos.
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El comunicado oficial de la cartera de salud, fechado el 1 de octubre de 2025, enfatizó que “en el país no hay desabastecimiento general de medicamentos y que, junto con la industria y actores del sistema, adelanta acciones para superar las dificultades puntuales en su distribución”. El Ministerio insistió en que las medidas adoptadas permiten garantizar la disponibilidad de tratamientos, incluidos los de alto costo, raros o crónicos.
Estrategias anunciadas por el Ministerio
La cartera del Gobierno detalló que entre las medidas implementadas para reforzar la disponibilidad de medicamentos se encuentran la compra centralizada para enfermedades huérfanas, la distribución de 819.346 frascos de DLT para VIH y el apoyo a proyectos de desarrollo de medicamentos estratégicos. Además, anunció el impulso a la producción nacional de biológicos contra el cáncer y la emisión de la Resolución 1809 de 2025, que fortalece la vigilancia farmacéutica.
También informó sobre la creación de un tablero de consulta pública con información actualizada hasta agosto de 2025 sobre los reportes de las EPS y gestores farmacéuticos, disponible en la página oficial del Ministerio. A estas medidas se suma un trabajo articulado con el Invima, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Fondo Nacional de Estupefacientes y la Defensoría del Pueblo para atender las alertas relacionadas con la entrega de medicamentos en distintas regiones del país.
Respecto a los trámites regulatorios, el Invima reportó que, de los 26.049 pendientes en noviembre de 2023, se resolvieron 23.229 al 23 de septiembre de 2025, priorizando aquellos relacionados con medicamentos en riesgo de desabastecimiento. Sin embargo, aclaró que la entrega final de los medicamentos depende de las decisiones comerciales de fabricantes e importadores, lo que significa que no todos los trámites concluidos aseguran la disponibilidad en el mercado.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) también participa en este proceso, fortaleciendo el giro directo y reduciendo los tiempos de pago a los actores del sistema, con el fin de evitar retrasos que puedan impactar la entrega de tratamientos.
Órdenes de la Corte Constitucional
El pronunciamiento del Ministerio se dio después de que la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional ordenara a la entidad presentar un plan integral para superar la crisis de desabastecimiento y sobrecostos de medicamentos. El alto tribunal señaló que el documento deberá incluir la implementación de la Nueva Política Nacional Farmacéutica, con disposiciones específicas para el control de precios.
En su decisión, la Corte estableció que el Ministerio de Salud debe enviar en los próximos dos meses un informe detallado sobre la cantidad de medicamentos desabastecidos o en riesgo de estarlo, además de un listado de fármacos y dispositivos médicos sujetos a control de precios que puedan verse afectados.
También se pidió indicar la existencia de sustitutos disponibles en el mercado y la necesidad de un plan nacional de mitigación frente a desabastecimientos críticos en medicamentos huérfanos, oncológicos y de alto costo.
Plazos y medidas adicionales
Según el auto, la estrategia deberá entrar en vigor a más tardar el 1 de enero de 2026. En materia financiera, la Corte ordenó al Ministerio de Salud coordinar con el Ministerio de Hacienda y la Adres una estrategia para determinar, depurar y pagar la cartera vencida del sector, con plazo máximo hasta el primer semestre de 2026.
Paralelamente, se instruyó a la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía a intensificar las investigaciones sobre sobrecostos e irregularidades en la distribución de medicamentos.
La Corte recordó que ya había abordado esta situación en el Auto 1282 de 2025, en el que concluyó que el grado de cumplimiento de la orden décima sexta de la Sentencia T-760 de 2008 es bajo, en particular sobre el acceso efectivo a medicamentos. En ese análisis, el alto tribunal señaló que persisten obstáculos como el desfinanciamiento del sistema, deudas con gestores farmacéuticos y laboratorios, retrasos en trámites de registros sanitarios a cargo del Invima y la ausencia de información actualizada sobre la disponibilidad de fármacos.
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