
El reciente acuerdo alcanzado entre Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, y TransMilenio ha introducido un nuevo elemento en la batalla judicial que la empresaria busca por su libertad definitiva pagando una millonaria multa con la entidad.
La creadora de contenido, actualmente recluida en una guarnición militar en el oriente de Bogotá tras haber pasado siete meses en la cárcel El Buen Pastor, ha presentado una nueva tutela en la que solicita la protección de sus derechos fundamentales, argumentando que estos fueron vulnerados por la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su detención para cumplir una condena de 5 años y 8 meses de prisión.
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La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió para revisión la tutela interpuesta por Barrera Rojas, según información revelada por Semana. La magistrada Hilda González Neira firmó la admisión y dispuso la recolección de diferentes conceptos, con el objetivo de tomar una decisión de fondo en los próximos días.
En su acción judicial, la empresaria sostiene que la sala penal de la Corte Suprema no consideró su condición de madre cabeza de familia ni el hecho de haber reparado económicamente a las víctimas reconocidas en su expediente. Por ello, alega que se vulneraron sus derechos al debido proceso, la igualdad y el principio de favorabilidad.
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El acuerdo económico con TransMilenio, anunciado el 18 de septiembre, constituye uno de los principales argumentos de la nueva tutela. Este pacto busca garantizar la reparación integral de los perjuicios ocasionados al Sistema de Transporte Público de Bogotá, los cuales fueron valorados en 467 millones de pesos.

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, explicó que la negociación incluye componentes económicos, simbólicos y de justicia restaurativa, con el fin de promover la reconciliación y la cultura ciudadana. Entre los compromisos asumidos por Epa Colombia figura el pago de 100 millones de pesos en efectivo a favor de la empresa de transporte público de Bogotá.
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Además, la empresaria de keratinas deberá participar en actividades pedagógicas y sociales, como ofrecer disculpas públicas a la ciudadanía, elaborar y difundir videos educativos para fomentar el cuidado del sistema y realizar labores de pedagogía y servicio social con los usuarios en estaciones y troncales.
“El acuerdo, que será presentado ante un juez, representa un avance en la aplicación de mecanismos innovadores de justicia restaurativa, que no solo garantiza la reparación material de los daños, sino que busca reconstruir el tejido social y fortalecer el respeto por lo público”, destacó TransMilenio.

La entidad subrayó que este tipo de salidas contribuyen a consolidar una cultura de convivencia y responsabilidad ciudadana. Los hechos que originaron la condena de Barrera Rojas se remontan a noviembre de 2019, cuando, en el marco de una protesta contra el gobierno de Iván Duque, destruyó la caja registradora, la talanquera y varios vidrios de la estación Molinos, en el sur de Bogotá.
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Por estos actos, fue sentenciada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas. Por este último delito, que aceptó mediante un preacuerdo, la Corte Suprema de Justicia le negó cualquier tipo de beneficio, citando la ley.

Una de las voces públicas que se pronunció tras conocerse el acuerdo fue la de Yina Calderón, quien compartió la noticia en sus redes bajo el numeral #Libertadparaepacolombia y etiqueto al presidente Gustavo Petro, junto con unas manos orando.
Incluso, la DJ aseguró que Epa Colombia impidió su ingreso a la cárcel, debido al estado psicológico en el que se encontraba en esos días en que salió Yina de La casa de los famosos Colombia.
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