Un juzgado en Cali ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer, en un plazo de 48 horas, el esquema de seguridad del exministro de Justicia Wilson Ruiz, que denunció el retiro de su protección pese a enfrentar un nivel de “riesgo extraordinario”.
La sentencia, emitida el 26 de septiembre, resaltó la obligación de la UNP de justificar cualquier modificación en las medidas de seguridad y de garantizar la participación activa del beneficiario en las evaluaciones de riesgo, en un contexto marcado por presuntas amenazas y atentados recientes contra figuras políticas opositoras.
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El juzgado segundo penal del circuito de conocimiento de Cali tuteló los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la seguridad y la libre locomoción de Ruiz, tras considerar que la decisión de la UNP de retirarle la protección carecía de una motivación suficiente.
La orden judicial establece que el esquema de seguridad debe incluir dos vehículos blindados y cuatro escoltas, y que estas medidas deben mantenerse mientras persista el nivel de riesgo extraordinario, salvo que un nuevo estudio, debidamente motivado y con la participación de Ruiz, demuestre una disminución real del peligro.
“(...) mantener dichas medidas mientras persista el nivel de riesgo extraordinario y hasta que un nuevo estudio, debidamente motivado y con participación del accionante,demuestre de manera objetiva y verificable una disminución real del riesgo”, se lee en el fallo de tutela en primera instancia.
En la sentencia, el juez recordó que el Estado colombiano tiene un deber reforzado de protección hacia quienes ejercen oposición política y han sido objeto de amenazas o atentados graves. Además, exhortó a la UNP a garantizar la participación del beneficiario en las evaluaciones de riesgo y a emitir decisiones plenamente motivadas, considerando el análisis de las amenazas, el contexto político y la posibilidad de reactivación del peligro.
“Exhortar a la UNP para que en adelante garantice la participación del beneficiario en las evaluaciones de riesgo, emita decisiones plenamente motivadas, con análisis de las amenazas, contexto político y posibles reactivaciones del peligro”, sostuvo la decisión judicial.
El caso
Entre 2022 y 2023, el exministro habría sido blanco de ataques armados, amenazas directas y seguimientos intimidatorios en Cali, lo que llevó a que los estudios técnicos confirmaran la persistencia de un “riesgo extraordinario” tanto para él como para su familia.
Ruiz argumentó que la decisión de la UNP de retirarle la protección no solo carecía de justificación, también se daba en el contexto de su papel como opositor político al presidente Gustavo Petro, siendo una voz crítica de la actual administración.
Tras conocerse la decisión judicial, Ruiz celebró el fallo y lo interpretó como un mensaje claro en defensa de la democracia y la libertad de expresión.
“La justicia me dio la razón: la oposición no puede ser silenciada. Este fallo es un mensaje claro a quienes creen que con amenazas callarán las voces críticas. En 2026 vamos a demostrar que la democracia se defiende con debate, no con intimidación”, expresó a través de sus redes sociales.
Y agregó: “Me parece a mí que es un primer paso, una lucha que no es sólo mía, eso es absolutamente de todos, de todos los que creemos en una oposición libre, firme y sin miedo, porque en Colombia, en nuestro país, nadie puede ser silenciado por pensar distinto o diferente, ni mucho menos castigado por confrontar un desgobierno como el que estamos viviendo que quiere callar las voces críticas”.
El fallo del juzgado de Cali se perfila como un precedente relevante para la protección de la oposición política en el país, al recordar la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad y la participación política de quienes han sido amenazados o víctimas de atentados.
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