Los riesgos asociados al uso de pipetas de gas en el espacio público de Bogotá son una problemática que afecta a los ciudadanos y trabajadores de estos lugares y por los que desde el Concejo de Bogotá le pidieron a la Administración distrital regular esta práctica sin atentar contra el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes.
Durante un debate de control político que tuvo lugar en esa corporación, los cabildantes alertaron que la falta de regulación en esta materia puede derivar en la insuficiencia de acciones preventivas frente a hechos que pueden poner en riesgo la seguridad de los bogotanos, la salud pública y el orden público de la ciudad.
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La discusión fue citada por los concejales Sandra Forero Ramírez, del Centro Democrático, y Rolando González García, de Cambio Radical, que solicitaron a la plenaria y a las diferentes entidades del distrito acciones urgentes para mitigar los riesgos y regular el uso de estos elementos en vía pública. Sin embargo, cabildantes de diferentes colectividades se pronunciaron al respecto.
En primer lugar, Forero señaló que el uso extensivo de pipetas de gas en puestos de comida acarrea problemas sociales, de seguridad, económicos, ambientales y sanitarios, por lo que aseguró que para el Instituto para la Economía Social (Ipes) el uso inadecuado de cilindros de gas en vía pública puede generar riesgo permanente de fugas, explosiones e incendios.
En esta misma línea, destacó que según esa entidad son en total 89.000 vendedores caracterizados, de los cuales, 10.331 operan puestos de comida que cocinan en espacio público utilizando fogones y pipetas. Para la concejal, esta cifra es “alarmante”, dado que refleja la magnitud de la problemática y la urgencia de tomar medidas preventivas y regulatorias al respecto.
Por su parte, la concejal Diana Diago, también del Centro Democrático, fue enfática en advertir que no existe una verdadera línea de prevención en la ciudad. Aseguró que las autoridades solo reaccionan tras la ocurrencia de una tragedia, evidenciando la falta de un plan sistemático para afrontar el riesgo antes de que se materialice.
Pese a esto, la pregunta sobre quién regula el uso de pipetas en la calle fue otro eje central del debate. Los cabildantes contaron que, al pedir explicaciones a Ipes, la entidad respondió que la programación de operativos de control corresponde a las alcaldías locales, mientras que el Cuerpo Oficial de Bomberos aclaró que su competencia se limita a atención de emergencias y no a la regulación de la norma.
Frente a este panorama, el cabildante Rolando González instó a fortalecer la comunicación interinstitucional entre el Ipes, Bomberos, alcaldías locales y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), a fin de lograr jornadas de control y prevención más efectivas.
En este sentido, Andrés Barrios, del Centro Democrático, propuso adoptar medidas claras y estrictas, entre las que se destacan la creación de zonas de exclusión para que en áreas específicas de la ciudad se restrinja el uso de estos elementos de gas, la entrega de permisos condicionados al uso de cilindros previamente verificados, la exigencia de certificaciones obligatorias para los operadores, que la distribución esté en manos de empresas avaladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía, y la creación de un registro distrital de los cilindros utilizados por vendedores ambulantes.
Sobre las solicitudes de los cabildantes, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, se pronunció en nombre de la Administración distrital reconociendo que uno de los grandes retos es ordenar el espacio público. No obstante, también admitió que no es posible prohibir de manera absoluta el uso de pipetas, dado el contexto socioeconómico de quienes ejercen la venta ambulante y la falta de alternativas inmediatas, por lo que aseveró que se debe avanzar en la regulación.
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