El anuncio del Gobierno nacional sobre la posible ampliación a doble calzada de la variante Bogotá–Villavicencio ha generado expectativas entre los conductores y transportadores que dependen de este corredor estratégico, marcado por constantes bloqueos.
La medida, actualmente en fase de evaluación, busca mejorar la movilidad y mitigar los efectos de la emergencia vial provocada por un derrumbe en el municipio de Chipaque, que desde el 6 de septiembre de 2025 afecta la conexión entre el interior del país y los Llanos Orientales.
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La propuesta de ampliación fue discutida el 27 de septiembre en el Puesto de Mando Unificado Nacional, liderado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, con la participación de autoridades como los gobernadores de Cundinamarca y Meta, representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Invías, Coviandina y alcaldes locales.
Durante la sesión, se ratificó la continuidad de la estrategia 4x2, que permite el paso alternado de vehículos en la vía afectada, como solución provisional para mantener la conectividad con la región del Llano.
Entre las acciones inmediatas acordadas, se solicitó la articulación entre Invías y Coviandina para evaluar la viabilidad técnica de la doble calzada, con el objetivo de habilitar el tráfico bidireccional y reducir los tiempos de tránsito.
Además, se está evaluando el mejoramiento de la vía antigua Bogotá–Villavicencio, en el tramo Juan Rey–Boquerón II, mediante trabajos de fresado coordinados con la Gobernación de Cundinamarca y la Unidad de Mantenimiento Vial del Distrito.
El dolor de cabeza de la vía Bogotá–Villavicencio para miles de conductores diarios
El deslizamiento de tierra que obligó al cierre total de la vía Bogotá – Villavicencio el 6 de septiembre de 2025, interrumpiendo el flujo por el kilómetro 18, jurisdicción de Chipaque (Cundinamarca).
La importancia de este corredor, principal acceso hacia los Llanos Orientales y clave para el transporte de carga y pasajeros, quedó nuevamente en evidencia tras el siniestro, que afecta diariamente a aproximadamente 10.000 vehículos, de los cuales 4.000 corresponden a camiones de carga, según datos de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar).
Las alternativas para sortear el cierre se han mostrado insuficientes. Colfecar señaló que la actual habilitación provisional en el kilómetro 18 ha extendido los tiempos de tránsito, llegando hasta catorce horas en recorridos que antes requerían solo cuatro.
La situación se agrava ante la falta de rutas alternas en condiciones óptimas: la transversal del Cusiana tiene daños sin reparación definitiva y en la transversal del Sisga persisten restricciones por afectaciones ocasionadas por las lluvias. Para la federación, el paso provisional en el kilómetro 18 es la única opción actualmente viable, pero insuficiente para responder al volumen de tráfico pesado.
Uno de los factores de esta problemática es la falta de control de las autoridades territoriales y ambientales. Prácticas como la desviación de cauces de agua, la obstrucción de obras hidráulicas y la invasión de zonas de expansión vial continúan sin supervisión ni respuesta efectiva, lo que incrementa el riesgo de desastres y empeora la vulnerabilidad de la vía.
Para Colfecar, es indispensable que la situación no sea tratada como una emergencia coyuntural ni resuelta solo con presupuestos de urgencia. La federación propuso un plan de acción conjunto entre el Ministerio de Transporte, la ANI y el Instituto Nacional de Vías (Invías) para garantizar la normalización del flujo vehicular. Solicitó, asimismo, transparencia respecto a la ejecución de los $40.000 millones asignados en 2023 a Invías para priorizar obras en la vía y el desarrollo de una matriz nacional sobre los Eventos Eximentes de Responsabilidad (E.E.R.) que afectan la movilidad.
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