
El nombramiento irregular de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes del Ministerio de Igualdad derivó en la revelación de toda una amalgama de irregularidades relacionadas con el cumplimiento de requisitos para adquirir un título universitario y, por tanto, poder posesionarse en el cargo.
La Fundación de Educación Superior San José le otorgó el grado como tecnóloga en Gestión Contable y profesional en Contaduría, sin que la joven hubiera presentado las pruebas de Estado (Saber Pro y la TyT), que son un requisito para cualquier estudiante que aspire a graduarse.
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La situación, que está siendo investigada internamente en la institución educativa, ya generó sus primeras consecuencias. El secretario general de la Fundación, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, fue destituido y los integrantes de su equipo de trabajo también afrontaron la terminación de sus contratos.
“La Fundación ha tomado medidas drásticas y definitivas con los funcionarios administrativos involucrados. En consecuencia, se comunica a la comunidad SanJoseísta la destitución absoluta y con justa causa del Secretario General, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, así como la terminación del vínculo laboral de su equipo de trabajo directo”, informó la institución en un comunicado.

Acta que demuestra aceptación de responsabilidad del secretario general
Red+ Noticias reveló las actas de una audiencia de descargados llevada a cabo el 3 de septiembre de 2025, a la que fue citado Gutiérrez Martínez. En la reunión, el exfuncionario, en ejercicio de su derecho a la defensa, reconoció su responsabilidad la expedición de los títulos otorgados a Juliana Guerrero.
Esto, yendo en contra del cumplimiento de sus funciones, estipuladas en el manual institucional, en el que se indica que era su obligación verificar que los estudiantes de la institución hayan cumplido con todos los requisitos académicos, administrativos y legales para poder expedir los títulos correspondientes a su formación académica.
“En mi calidad de secretario general de la Fundación de Educación Superior San José- FESSANJOSÉ (…), asumo plena, absoluta e incondicional responsabilidad por la expedición de los títulos de Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y Profesional en Contaduría Pública a favor de la estudiante Juliana Andrea Guerrero Jiménez, a pesar de no haber cumplido en su totalidad los requisitos obligatorios de grado”, expresó el exempleado de la institución.

El exfuncionario aclaró que sus acciones no estuvieron supeditadas a conseguir algún beneficio personal y que no otorgó los títulos a Guerrero con dolo, de mala fe o con el objetivo de “perjudicar la imagen de la institución”. Sin embargo, reconoció que sí permitió el grado de la entonces estudiante, para que pudiera acceder a un empleo.
“Mi única motivación fue garantizar a la estudiante la posibilidad de acceder a una oportunidad laboral, actuando con base en el compromiso de que la estudiante cumpliría posteriormente con las pruebas de estado requeridas”, explicó.
Pese a que ayudó a Guerrero a graduarse para conseguir un empleo, negó que para ese momento hubiera sido informado sobre las aspiraciones políticas de la joven dentro del Gobierno Petro. En ese sentido, afirmó que sus acciones solo constituyeron un apoyo para la estudiante en materia académica y administrativa.

En ese sentido, indicó que está dispuesto a responder por su actuar contrario a la normativa, del cual fue consciente desde un inicio; tenía pleno conocimiento de sus obligaciones como secretario general y de la norma aplicable.
“Asumo de manera plena y exclusiva la totalidad de las consecuencias derivadas de esta situación, aceptando que la responsabilidad recae Únicamente sobre mí, sin que exista implicación de terceros en mi proceder, y ratifico que cualquier irregularidad en el proceso de expedición del título fue producto de mi decisión personal”, precisó.
Por su parte, la Fundación San José informó que, teniendo en cuenta que el Icfes no ha aclarado si presentó o no presentó la prueba Saber Pro, se procederá con la anulación de su título en Contaduría. “Aquí hubo fue un factor manual y personal que incidió en la aprobación de un grado sin que se cumplieran los requisitos”, expuso el abogado de la Fundación, Juan David Bazzani, a Noticias Caracol.
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