La elección del Contralor Departamental de Antioquia para el periodo 2026-2029, que deberá llevarse a cabo por la Asamblea del departamento, está bajo el escrutinio público. Lo anterior, tras la denuncia formal presentada el jueves 25 de septiembre por el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, el abogado Pablo Bustos, ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
Bustos, con un contundente comunicado en sus redes sociales, alertó a los ciudadanos sobre un presunto intento del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de manipular el proceso para imponer un “contralor de bolsillo”, lo que, según la denuncia, pondría en riesgo la independencia y la transparencia de la Contraloría Departamental, de cara al cuatrienio que se avecina.
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La red radicó la denuncia después de la convocatoria efectuada por la duma regional mediante la Resolución 246 del 11 de agosto de 2025, que fue delegada a la Universidad de Cartagena como operador académico. Además de acudir a la Procuraduría y la Fiscalía, Bustos solicitó la intervención urgente del Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga.
Esta solicitud buscaría activar mecanismos de control preventivo ante lo que consideran una amenaza a la autonomía institucional. Entre las presuntas irregularidades señaladas en la denuncia, se cuestionó la selección del referido centro universitario como responsable del concurso, pese a que Antioquia cuenta con centros académicos de reconocida trayectoria nacional e internacional.
Los motivos que llevaron a poner la lupa al proceso de elección del nuevo contralor de Antioquia
En su misiva, la Red de Veedurías de Colombia también advirtió sobre supuestos favoritismos hacia los candidatos Juan Carlos Herrera Toro y Laura Emilse Marulanda Tobón, que, según la denuncia, estarían recibiendo apoyo directo del gobernador Rendón. Además, se mencionaron antecedentes administrativos y éticos cuestionados de algunos aspirantes al organismo de control fiscal.
Del mismo modo, existirían reportes de las reuniones que se habrían efectuado entre el gobernador, directivos de la Asamblea y representantes de la Universidad de Cartagena. En ese sentido, la Red también denunció un presunto interés del rector del claustro universitario en acelerar el proceso, lo que, a su juicio, afectaría la transparencia y la rigurosidad técnica del concurso.
La organización advirtió que, de comprobarse los hechos denunciados, podrían configurarse delitos tipificados en el Código Penal colombiano. Entre los posibles delitos se encuentran el interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias de servidor público, abuso de función pública, concusión o cohecho en caso de exigencias u ofrecimientos indebidos, y fraude procesal.
Esto último, si se llega a demostrar manipulación documental o alteración de las etapas del concurso. Frente a este escenario jurídico, Bustos enfatizó la gravedad de la situación al afirmar que, en caso de confirmarse los señalamientos, se trataría de un atentado directo contra la democracia y el control ciudadano frente a este tipo de casos que pondrían en riesgo la independencia frente al poder.
Y recalcó que ningún gobernador puede apropiarse de la Contraloría para convertirla en un apéndice de su administración. En este contexto, la Red solicitó medidas cautelares inmediatas, incluida la suspensión del concurso, hasta que se garantice la total transparencia del proceso que debe elegir al nuevo titular de la Contraloría Departamental, en reemplazo de Enedith González.
En este orden de ideas, el veedor reiteró su llamado a los órganos de control, al Secretario de Transparencia, a los medios de comunicación y a la ciudadanía para que mantengan una vigilancia activa sobre el proceso. Y puso de manifiesto que permitir la captura política de la Contraloría Departamental de Antioquia abriría la puerta a la corrupción estructural en el departamento.
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