El proceso judicial que involucra a la Fiscalía General de la Nación y a la administración de Tunja avanzó tras varios retrasos, cuando finalmente se celebró la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Tunja Mikhail Krasnov y dos funcionarias de su equipo.
En este contexto, el juez segundo penal municipal con funciones de control de garantías desestimó los intentos de la defensa por apartar al juzgador, al considerar que las recusaciones e impedimentos presentados carecían de sustento jurídico y solo buscaban dilatar el proceso.
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La Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra Mikhail Krasnov por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.
Junto al mandatario, también enfrentan imputaciones la exgestora social Sara Catalina Pedraza Canaría y la secretaria de Contratación Territorial Luz Mila Acevedo Galán, ambas por delitos contractuales.
El Ministerio Público detalló que la imputación de cargos se fundamenta en una investigación sobre supuestos hechos ocurridos durante la gestión municipal, en los cuales la administración habría ejercido presiones para frenar una demanda de nulidad electoral que comprometía la elección de Krasnov como alcalde.
Según la Fiscalía, “se habrían ofrecido beneficios contractuales al abogado Juan Sebastián Ramírez a cambio de retirar la demanda que él había interpuesto en noviembre de 2023”.
Ramírez desistió de la acción legal días antes de la suscripción del contrato de prestación de servicios. Para la Fiscalía, estas actuaciones constituyen interés indebido en la celebración de contratos y acciones relacionadas con el delito de amenazas a testigos.
Durante la diligencia judicial, que se realizó tras tres aplazamientos previos, el juez segundo penal municipal de control de garantías examinó las recusaciones e impedimentos presentados por la defensa. Sin embargo, el despacho calificó estas actuaciones como “maniobras dilatorias sin ningún fundamento jurídico” y decidió rechazarlas.
La audiencia, en la que participaron los imputados y sus abogados de manera virtual, culminó con la notificación a los procesados sobre sus derechos, incluyendo las opciones de aceptar los cargos, ir a juicio o acogerse al silencio. Hasta el momento, ninguno de los señalados aceptó su responsabilidad en los hechos.
El proceso judicial continuará el jueves 25 de septiembre desde las 11:00 a. m., en una nueva etapa de la audiencia programada para definir los siguientes pasos en el caso, que sigue en el foco de atención para la opinión pública de Tunja.
Cartas de la Fiscalía contra el alcalde Krasnov
Las acusaciones contra Mikhail Krasnov, actual alcalde investigado, tomaron un giro relevante luego de que, según la Fiscalía, él y su pareja habrían tramado estrategias para evitar la pérdida del cargo tras la orden cautelar de un tribunal.
El fiscal delegado Óscar Fernando Díaz Rodríguez expuso ante los jueces más de 30 folios de pruebas, que incluyen evidencia documental y testimonios dirigidos a fundamentar la solicitud de medida de aseguramiento. Dicha solicitud, explicó el fiscal, responde al patrón de ausencias injustificadas de Krasnov a audiencias clave, citando específicamente la inasistencia el pasado 28 de julio.
Durante la exposición, el fiscal detalló presuntos acuerdos entre Krasnov y su pareja, Sara Catalina Pedraza Canaria, según los cuales el abogado encargado de una demanda de nulidad electoral habría recibido la oferta de un contrato en la alcaldía a cambio de retirar el proceso. Esta demanda contaba con una medida cautelar inminente que, de haberse ejecutado, habría excluido de manera temporal a Krasnov de la alcaldía.
La investigación también involucra graves señalamientos relacionados con amenazas a un testigo y la supuesta participación del alcalde en operaciones ilícitas vinculadas a la sustracción de un teléfono móvil perteneciente a la víctima. Posteriormente, dicha persona habría recibido mensajes amenazantes, en los que se advertía el uso de supuestos contenidos extraídos del dispositivo para realizar un montaje por acoso sexual.
“Le solicito la imposición de la medida de aseguramiento, para que se le obligue a comparecer puntualmente a todas las audiencias a las que se le cite, porque ha mostrado un comportamiento de no comparecer al presente trámite”, enfatizó Díaz Rodríguez ante los jueces, estableciendo el riesgo procesal derivado de la falta de colaboración del inculpado.
Asimismo, el fiscal aludió al proceso que tramita actualmente el Consejo de Estado, el cual ya cuenta con una decisión en primera instancia del Tribunal Administrativo de Boyacá que anuló la elección de Krasnov como alcalde.
A juicio del representante del ente acusador, este contexto judicial, unido a la condición de ciudadano extranjero del propio Krasnov y a los recientes viajes al exterior de su pareja —quien posee familiares fuera del país— son factores que acentúan la posibilidad de evasión de la justicia, lo que justificaría aún más la imposición de la medida restrictiva.
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