Fiscal de apoyo en el proceso de Nicolás Petro fue retirada del caso: la fiscal principal había denunciado presiones y se quejó de su designación

Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación, habría dado la orden de retirar a María Isabel Ramírez Meléndez, fiscal de apoyo, que había sido asignada a su colega, Lucy Laborde, para continuar con el proceso de investigación en contra de Nicolás Petro ―hijo mayor del presidente Gustavo Petro―, tras haber denunciado presiones en medio de la diligencia y haberse opuesto al acompañamiento, por medio de una carta que fue enviada el 22 de septiembre.

Al conocerse que el próximo 1 de octubre se realizará una nueva imputación por posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, la Fiscalía General de la Nación había reforzado este equipo de investigación, informó El Espectador.

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En el documento, dirigido a la fiscal Camargo, la funcionaria Laborde expuso que recientes decisiones administrativas y la convocatoria a reuniones inesperadas han generado incertidumbre sobre la transparencia de una de las causas más sensibles y mediáticas del país.

El pronunciamiento detalla que la designación de María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo, formalizada mediante la resolución No. 33 del 8 de septiembre de 2025, se realizó sin que el despacho de Laborde lo solicitara. La fiscal sostiene que esta medida “carece de sustento legal y administrativo”, según consta en la carta enviada a Camargo.

Además, Laborde argumenta que la justificación oficial —la supuesta alta carga laboral y la necesidad de garantizar celeridad y eficacia en la administración de justicia— no corresponde con la realidad de su despacho, que, afirma, no enfrenta sobrecarga ni situaciones administrativas que ameriten tal decisión.

En el mismo documento, Laborde subraya que ha liderado la investigación contra Petro Burgos durante más de un año de manera íntegra, sin requerir apoyo adicional y sin que la Fiscalía haya solicitado aplazamientos en el proceso. Por el contrario, destaca que la defensa ha pedido diez aplazamientos, lo que constituye uno de los datos numéricos más relevantes del caso.

La fiscal Laborde advierte que la asignación de una fiscal de apoyo (María Isabel Ramírez Meléndez) y la realización de reuniones internas convocadas por otras dependencias afectan directamente su autonomía funcional como fiscal natural del caso. “Estas disposiciones afectan mi autonomía e independencia como fiscal natural del caso, principios que se encuentran garantizados en la Constitución Política, la Ley y la jurisprudencia”, afirma en la misiva.

La carta también describe una reunión sorpresiva convocada el 18 de septiembre por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada Contra la Corrupción. Laborde señala que no recibió información previa sobre el tema a tratar y que, durante el encuentro, se le solicitó exponer detalles de la investigación en curso, así como posibles conexiones con otros procesos y entidades, entre ellas la Fundación Conciencia Social Fucoso.

“Las reuniones convocadas por otras dependencias en relación con este proceso generan incertidumbre respecto a la imparcialidad y transparencia de la investigación”, advierte Laborde en el documento.

Otra preocupación expresada por Laborde se refiere a la falta de traslado oportuno de solicitudes presentadas por la defensa. Denuncia que estas peticiones no se remitieron a su despacho de manera adecuada, lo que, en su opinión, podría interpretarse como una vulneración a los derechos de contradicción y defensa.

“No se trasladó de manera oportuna a este despacho la solicitud presentada por la defensa, circunstancia que puede interpretarse como una vulneración a los derechos de contradicción y defensa”, señala en la carta.

En su argumentación, la fiscal Laborde destaca su trayectoria de más de veinte años en la Fiscalía General de la Nación, con experiencia en investigaciones de alto perfil tanto a nivel nacional como internacional. Insiste en que cuenta con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para continuar al frente del caso sin requerir apoyo externo.

Además, cuestiona que la designación de la fiscal de apoyo se haya producido justo después de solicitar la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, cuando ya se había superado la etapa que podría haber requerido refuerzos.

En la parte final de la misiva, Laborde solicita formalmente a la fiscal general y al vicefiscal general Gilberto Javier Guerrero Díaz que se le informe sobre la finalidad y el alcance de la designación de la fiscal de apoyo, así como el propósito de las reuniones internas previas a la audiencia de imputación.

Pidió explicaciones sobre la falta de traslado de las solicitudes de la defensa y solicita que se adopten medidas para garantizar el respeto a su autonomía e independencia, principios que, según recalca, deben prevalecer sobre el principio de unidad de gestión cuando este se ejerce de manera arbitraria.