
Después de ocupar el segundo lugar en las elecciones para la Alcaldía de Bogotá en 2023, Juan Daniel Oviedo estuvo en el Concejo de la capital colombiana durante varios meses, hasta que tomó la decisión de renunciar al cargo para aspirar a la Presidencia de la República.
A la par, avanzaba un proceso en su contra con el que se buscaba que perdiera la investidura, lo que representaría una muerte política para el bogotano, por la firma de un contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías.
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El contrato firmado por Oviedo es por el alquiler al FNG de una oficina de 89 metros cuadrados en los que la entidad guardaría algunos archivos; motivo por el que en repetidas ocasiones el candidato afirmó que con este no estaba recibiendo ningún tipo de beneficio político, y que no sería causal de inhabilidad.
A pesar de que dejó el Concejo de Bogotá, el proceso en su contra ponía en riesgo la candidatura de Oviedo, por lo que, en la tarde del 23 de septiembre, celebró, mediante un comunicado de prensa, la decisión del Tribunal de Cundinamarca de no declarar la perdida de su investidura.

En el documento, el bogotano de 48 años afirmó que, más allá de la decisión final, lo que más valora del fallo es poder seguir representando a quienes confiaron en él.
“Este fallo no solo ratifica mi inocencia, también desmonta los intentos de deslegitimar mi trabajo público y mi derecho a representar a quienes confiaron en mí. Lo que algunos quisieron convertir en un obstáculo, hoy se convierte en la mayor fortaleza: la verdad y la justicia”.
Oviedo recordó su paso por el Concejo de Bogotá como la experiencia que le hizo comprometerse con ayudar a nivel nacional, lo que ha convertido en parte de su discurso como precandidato.
“Hoy, con este capítulo cerrado, reafirmo mi compromiso de sumar fuerzas, ideas y esperanzas para la construcción de un proyecto común de país, de cara a las elecciones presidenciales de 2026. A quienes confiaron, resistieron y me acompañaron en este proceso: gracias. La justicia llegó. Y ahora, con más claridad y más fuerza, seguimos adelante”.

Lo que se sabe del contrato que generó la inhabilidad
Antes de que se llevaran a cabo las elecciones regionales de 2023, la campaña de Oviedo fue demandada por el abogado Samuel Ortiz, que solicitó una nulidad de la candidatura, meses más tarde solicitó lo mismo, pero para la elección de Oviedo como cabildante de Bogotá. A este proceso se sumó el veedor Humberto Guidales.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que los argumentos de las demandas tenían el peso suficiente y ordenó cancelar la credencial de Oviedo.
Debido a esta situación, el bogotano apeló el fallo de primera instancia y el caso fue tomado por el Consejo de Estado, que ratificó el pronunciamiento del tribunal.

En esa ocasión, el magistrado Óscar Dimaté indicó que Juan Daniel Oviedo celebró un contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías cuatro meses antes de las elecciones, algo que la norma no le permite a los aspirantes en el año previo de los comicios.
De la misma forma, el Consejo de Estado indicó que se registró una vulneración del régimen de inhabilidades y que el bogotano violó la prohibición que impide a los ciudadanos, que buscan ser elegidos en un cargo público, contratar con el Estado en el mismo ámbito territorial de la elección, desde entonces, había quedado en duda si el siguiente fallo indicaría que Oviedo no podría aspirar a la presidencia en caso de perder la investidura, lo que finalmente no paso.
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