“Colombia está ‘a las puertas del infierno’”, advierte Vicky Dávila, candidata de derecha a la presidencia, en una de las afirmaciones más contundentes recogidas por The Economist sobre el clima político que domina el país. En un análisis denominado, precisamente, “¿Está Colombia a las ‘puertas del infierno’?”, señala que, desde la izquierda, Gustavo Bolívar, aliado del presidente Gustavo Petro y también aspirante presidencial, sostiene una visión opuesta: “Los últimos seis meses han sido fabulosos para la economía colombiana”.
El prestigioso medio inglés dice que estas posturas reflejan la profunda polarización política que atraviesa Colombia en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026, en un contexto marcado por el debate sobre la seguridad, la economía colombiana y la estabilidad institucional.
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La división entre los principales actores políticos se intensificó, con la derecha y la izquierda presentando diagnósticos muy distintos sobre la situación nacional. Según el análisis, los líderes de ambos bandos parecen vivir en “dimensiones paralelas”, incapaces de coincidir en la interpretación de los hechos. Mientras Dávila alerta sobre un inminente colapso, Bolívar resalta indicadores económicos positivos, como el auge del turismo, el buen desempeño de la Bolsa de Valores y la reducción del desempleo e inflación desde la llegada de Petro al poder.
Economía colombiana: logros y advertencias
En el terreno económico, los datos recientes muestran una recuperación tras dos años de estancamiento. The Economist señala que se proyecta un crecimiento del 2,4% para 2026, una cifra modesta pero superior a la de la mayoría de los países sudamericanos:
- Desempleo: en julio se ubicó en 8,8%, el nivel más bajo para ese mes en casi 25 años.
- Mercado bursátil colombiano: figura como el cuarto de mejor desempeño global en el último año, con un incremento del 54% en moneda local.
- Turismo: una de las apuestas del actual Gobierno, que impulsó la llegada de 7 millones de visitantes en 2024, 2 millones más que hace dos años.
- Inflación: se redujo a la mitad desde la asunción de Petro.
No obstante, el medio advierte que estos logros tienen matices. Petro tribuyó la baja inflación a su gestión, aunque sus presiones sobre el Banco de la República dificultaron la labor de la entidad. Además, persisten problemas estructurales:
- Cerca del 60% de los trabajadores se desempeñan en la economía informal, lo que implica menor productividad, falta de beneficios y evasión fiscal.
- La inversión privada se mantiene baja, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento, que depende en gran medida del consumo.
- La decisión del Gobierno de prohibir nuevas exploraciones de petróleo y gas desincentivó la llegada de capital extranjero.
Las reformas impulsadas por el presidente tuvieron resultados dispares. El aumento del salario mínimo, que ya representaba más del 90% del salario medio —la proporción más alta de la Ocde—, encareció la contratación formal y, según los primeros datos, incentivó la informalidad.
Gasto público
Algunas modificaciones, como la mayor intervención estatal en el sistema de salud, provocaron el cierre de salas de maternidad y urgencias. El gasto público elevado representa la mayor amenaza para la economía: el déficit fiscal alcanzará el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) este año y la deuda pública superará el 60%. En junio, el Gobierno suspendió por tres años la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del PIB y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), una medida que, según el Comité Autónomo de la Regla Fisca (Carf), no se justifica en las circunstancias actuales.
“Un desastre fiscal aguarda al próximo presidente”, advierte The Economist. Mientras Bolívar e Iván Cepeda, otro candidato de izquierda, aseguran que es posible recortar gastos sin afectar los programas sociales, el análisis del medio británico sugiere que incluso un gobierno de derecha podría verse obligado a aumentar los impuestos.
Seguridad y deterioro institucional
En materia de seguridad, las preocupaciones de la derecha encuentran respaldo en los hechos recientes. El asesinato del candidato Miguel Uribe en junio evocó los episodios más violentos del pasado colombiano. La violencia se recrudeció con atentados como un camión bomba en Cali y el derribo de un helicóptero policial, que dejaron 20 muertos y más de 70 heridos. Decenas de soldados son secuestrados por bandas de narcotraficantes y liberados días después.
Fracaso de la “Paz Total”
Estos hechos evidencian el fracaso de la política de “Paz Total” de Petro, que buscaba negociar de manera simultánea con todos los grupos armados. “Si no eres lo suficientemente fuerte, no negocies”, sentencia Sergio Fajardo, candidato centrista, en declaraciones recogidas por The Economist. El medio alerta por los siguientes datos:
- Grupos armados: suman unos 22.000 miembros —un 45% más que al inicio del mandato de Petro—, aprovecharon los ceses al fuego para expandirse, armarse y reclutar.
- Desplazamiento forzado: la ONU estima que 230.000 personas fueron desplazadas por la violencia en los últimos años, y al menos un grupo armado opera en más de la mitad de los municipios, según el centro de estudios Pares.
- Extorsión: aumentó un 50% entre 2021 y 2024, y los secuestros, un 75 %. Los ataques a las fuerzas armadas en los primeros siete meses de 2024 ya superan el total anual de la última década.
- Homicidios: de 25 por cada 100.000 habitantes, es la más alta de Sudamérica después de Ecuador.
“No es nada de lo que enorgullecerse”, reconoce Cepeda, aunque matiza que la cifra es baja en comparación con los picos históricos del país.
Deterioro institucional
El deterioro institucional acompaña a la crisis de seguridad. Petro denunció un supuesto “bloqueo institucional” y planteó la posibilidad de convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Su estilo de gobierno, caracterizado por constantes cambios de gabinete —en promedio, un nuevo ministro cada 20 días—, generó desmoralización y falta de rumbo en la administración pública.
Críticas al Banco de la República
De igual forma, las críticas al banco central son directas al acusar a la entidad de frenar el crecimiento económico “por razones puramente políticas” y de intentar “desfinanciar al Gobierno colombiano”.
Asimismo, el Congreso y la Corte Suprema también son blanco de tensiones. Cuando el Senado bloqueó una Reforma Laboral, Petro amenazó con recurrir a un referéndum de dudosa legalidad, lo que llevó a la Cámara a aprobar la ley. El presidente y su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dijeron que podrían convocar una asamblea constituyente sin la aprobación del Congreso, basándose en la demanda popular.
Los enfrentamientos con el sistema judicial escalaron: en febrero de 2024, tras un conflicto con la Corte Suprema por la elección del fiscal general, Petro llamó a manifestaciones que terminaron con el tribunal rodeado y los jueces atrapados durante horas, hasta que el presidente ordenó su liberación. El Gobierno niega haber instigado el asedio.
Capacidad de resistencia
A pesar de estos desafíos, el medio considera que las instituciones colombianas mantienen cierta capacidad de resistencia. Incluso, los críticos de Petro reconocen que muchas de sus declaraciones buscan llamar la atención más que provocar cambios reales. La Constitución impide la reelección presidencial, y la mayoría de los candidatos de izquierda se perciben como menos impredecibles que el actual mandatario.
El éxodo de ciudadanos ofrece una señal clara del malestar: cerca de un millón de personas abandonaron Colombia en los últimos tres años, el doble que en el trienio anterior a la pandemia del COVID-19. Frente a este panorama, el próximo presidente enfrentará la tarea de restaurar la confianza, fortalecer la economía y recuperar la seguridad, en un país que, según el análisis de The Economist, aún no cayeron en el abismo, pero exige respuestas urgentes y eficaces.
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