Procuraduría intervino el Invías por problemas en vía de Santander: convocó a reunión con la comunidad

En medio de las denuncias de la comunidad que habita la vía entre los municipios de San Gil y Puente Nacional, la Procuraduría General de la Nación encabezó una reunión en la que se encontraron representantes de la región y el Instituto Nacional de Vías (Invías) en Puente Nacional, Santander, con el fin de abordar los riesgos de accidentalidad y el creciente deterioro en la ruta 45ª, tramo 45ª 06.

Durante la jornada, anunciada en la mañana del domingo 21 de septiembre, los asistentes evaluaron opciones para mitigar emergencias viales y promover acciones efectivas que garanticen la circulación segura en la zona.

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Paralelamente, el Ministerio Público destacó su intención de robustecer el bienestar de los territorios, haciendo énfasis en municipios como Güepsa, Barbosa y Santana, localizados en el departamento de Boyacá, donde las demandas ciudadanas se han centrado en la necesidad de medidas urgentes a lo largo de la ruta y en el peaje de Oiba.

De acuerdo con los lineamientos planteados, la movilidad segura por este corredor y la garantía de tránsito normal son competencias directas de Invías, entidad a la que se le recordó la obligación de implementar respuestas concretas.

La Procuraduría, en su rol de autoridad disciplinaria, indicó que se realizó una intervención preventiva cuyo objetivo es evitar que una emergencia vial desemboque en una tragedia humana.

El organismo exigió que los derechos de las comunidades no pueden verse afectados debido a demoras, omisiones o fallas técnicas en la atención y mantenimiento de infraestructuras públicas.

Por último, el Ministerio Público destacó la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo con los habitantes y autoridades, para garantizar soluciones a corto y mediano plazo que protejan la integridad de quienes transitan por el corredor vial.

La decisión de la Procuraduría se da apenas 15 días después de que el Invías anunciara nuevos compromisos para una de las vías que conectan los departamentos de Santander y Boyacá.

El 6 de septiembre, la entidad definió las prioridades de intervención en el corredor vial San Gil – Charalá – Duitama, en una estrategia conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías.

Así lo expuso la ministra Mafe Rojas al afirmar que “escuchar a las comunidades de Charalá ha sido fundamental para priorizar las intervenciones en este corredor vial. El diálogo social es la base para construir soluciones que respondan a las necesidades reales de los territorios”, según informó el propio Ministerio.

La visita de inspección liderada por el director General (e) del Invías, Jhon Jairo González, junto a representantes de la Gobernación de Santander, permitió precisar los puntos críticos que requieren intervenciones de carácter urgente, entre ellos el situado en el kilómetro 105 entre Charalá y San Gil, que ya dispone de estudios y diseños listos para su atención.

González explicó que “desde el Invías, la movilidad es una prioridad. Por eso hoy nos encontramos en Santander realizando un recorrido desde la vía que conduce desde San Gil, Charalá, hasta Duitama, para revisar el estado de la vía actual, así como los puntos críticos que vamos a intervenir en el marco del contrato que tenemos aquí”.

El plan de trabajo del Invías contempla también el mantenimiento de sectores que presentan inestabilidad geológica y la implementación de nueva señalización para elevar los estándares de seguridad en la vía. Estas medidas se suman a acciones recientes, como la pavimentación de 4,8 kilómetros, la construcción de un muro de cimentación, la instalación de un box culvert y la estabilización de taludes, todas ellas desarrolladas en el tramo Charalá – San Gil.

De cara a la vigencia de 2026, el proyecto prevé la intervención de aproximadamente 6 kilómetros a la altura del municipio de Charalá, con obras de mejoramiento de la subrasante y la atención específica del punto crítico en La Morena.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, más de 89.000 personas de Santander y Boyacá se verán beneficiadas con estos trabajos, que buscan asegurar no solo una movilidad más cómoda y segura para los habitantes, sino también mejores condiciones para el transporte de productos hacia el interior del país.