Los contratos y cargos que Nicolás Petro habría gestionado en el Gobierno: Fiscalía pedirá cárcel para el hijo mayor del presidente

La Fiscalía General de la Nación presentó una solicitud de imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias.

Según El Colombiano, la nueva imputación del ente acusador se fundamenta en dos casos. El primero corresponde a los contratos de la Fundación Conciencia Social con la Gobernación del Atlántico.

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El citado medio de comunicación informó que el hijo mayor del presidente Petro sostenía conversaciones por chat con Day Vásquez, en las que se mencionaban hojas de vida y contratos que, presuntamente, fueron gestionados para que ambos y otras dos personas obtuvieran una ganancia.

Según El Colombiano, los contratos habían sido entregados durante el mandato de Elsa Noguera en el Atlántico y serían por cerca de 1.000 millones. Uno de estos contratos, firmado en 2021 antes del triunfo electoral de Gustavo Petro, habría sido por 400 millones de pesos y tenía como objetivo implementar centros de vida móviles para adultos mayores.

Según el medio, en ese momento Nicolás Petro ya tendría una posición de influencia en la política local y, a partir de los chats que la Fiscalía incluiría en su investigación, él y Vásquez habrían buscado negociar cargos y recursos a partir de ese poder.

El Colombiano señaló que, a inicios de 2022, la fundación Conciencia Social obtuvo otro contrato por casi 600 millones de pesos para una labor similar, con la obligación de aportar 172 millones de su propio patrimonio.

Chats registrados en la investigación muestran a Vásquez y a Gustavo de la Ossa, representante legal de la fundación, discutiendo la supuesta repartición de cuotas entre los interesados.

En uno de los contratos de 2021, Vásquez supuestamente afirmaba que le correspondían 120 millones de pesos. Según el informe, Nicolás Petro habría estado al tanto de estos movimientos, situación que continuó cuando su padre llegó a la Presidencia y su peso político aumentó en el escenario nacional.

Según información exclusiva de El Colombiano, la otra imputación estaría relacionada luego de la victoria de Gustavo Petro en las elecciones y la participación activa de Nicolás Petro en la campaña en la región Caribe, este último habría comenzado a ejercer un mayor nivel de influencia dentro del Gobierno.

Fuentes citadas por el medio indican que, sin motivos claros, Nicolás Petro habría realizado viajes frecuentes a Bogotá para sostener reuniones solicitadas por él mismo con ministros y directores de entidades estatales.

En mensajes citados por El Colombiano, Day Vásquez le advirtió sobre las implicaciones de estos encuentros y la posibilidad de que su conducta llegara a conocimiento del presidente.

El citado medio de comunicación también obtuvo información sobre la extensión de la agenda de reuniones que Nicolás Petro habría sostenido con altos funcionarios, señalando que este número superaría lo hasta ahora conocido.

Entre las reuniones confirmadas se encuentran dos encuentros con Alfonso Prada, entonces ministro del Interior, que reconoció estos encuentros y los justificó como parte del papel institucional de Nicolás como diputado.

En mensajes difundidos por el medio, Nicolás comentó a su pareja sobre la asignación de cupos por parte de Prada, detallando su distribución entre distintas personas y proyectos.

“Se reunió con Lizcano, con Luis Carlos Reyes, con María Isabel Urrutia, con el exministro de Ciencia y Tecnología, con Germán Umaña, con Hildebrando Vélez, el papá de la exministra Irene, con Gloria Flórez, con Carolina Corcho, con Cecilia López, con Gaviria”, reveló una fuente consulta por El Colombiano.

Semana reveló que la Fiscalía pedirá que Nicolás Petro sea enviado a un centro carcelario y no reciba detención domiciliaria. El organismo argumentó, según el citado medio de comunicación, que es necesario mantenerlo privado de libertad porque considera que su permanencia en libertad podría afectar el desarrollo del proceso.

“Cabe resaltar que el contratista en cuatro de los cinco resultados encontrados es la Fundación Conciencia Social, mientras en el contrato correspondiente se trata de la Unión Temporal Conciencia Incluyente, de la que Gustavo de la Ossa Vélez es representante legal y cuya dirección, la cual también se entrega anexa. Cabe indicar que la dirección referida corresponde con la misma ubicación de la Fundación Conciencia Social, en la ciudad de Barranquilla”, indicó la Fiscalía en su informe revelado por Semana.