El representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid confirmó que presentará una demanda ante la Comisión de Acusación y otros organismos contra Luis Ernesto Vargas, actual embajador de Colombia ante la OEA, por hechos presuntamente ocurridos durante el plebiscito impulsado durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
En 2016, Luis Ernesto Vargas se desempeñaba como magistrado de la Corte Constitucional y, desde ese cargo, habría realizado presuntos ofrecimientos al entonces presidente Juan Manuel Santos, según Cadavid.
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En su explicación, publicada en su cuenta de X, el representante calificó como “malabares” las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos sobre las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente por la sanción de 8 años al exsecretariado de las Farc.
“Más grave que todo eso es que el mismo Santos, en un medio de comunicación, expresó que el exmagistrado Luis Ernesto Vargas, hoy embajador de Colombia ante la OEA, embajador de Petro ante la OEA, casi que le propuso que podía tumbar el plebiscito”, aseguró Cadavid.
Según el congresista, Luis Ernesto Vargas es “un feroz activista de la izquierda que ataca a sectores políticos y justifica, por supuesto, esta conducta de lo que en su momentos le pudo haber ofrecido a Santos”.
Hernán Cadavid aseguró que Colombia debe conocer cómo, supuestamente, se “robaron” los resultados del plebiscito.
“Nosotros lo vamos a denunciar ante la Comisión de Acusaciones y los órganos correspondientes, porque así hayan pasado los años, Colombia tiene que llegar al fondo de cómo fue que se robaron el plebiscito y el resultado es que el país esté hoy trazado de sangre y violencia”, aseveró el representante del Centro Democrático.
El denuncia que interpondrá Hernán Cadavid se da en medio de las sentencias que interpuso la JEP.
El 16 de septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz dictó sanción contra siete antiguos dirigentes del secretariado de las Farc como responsables de más de veinte mil secuestros ocurridos durante el conflicto armado colombiano. El tribunal determinó la pena máxima autorizada por el Acuerdo de Paz, equivalente a ocho años.
Entre los sentenciados figuran Rodrigo Londoño, alias Timochenko; “Pablo Catatumbo”, Pastor Lisandro Alape Lascarro, “Joaquín Gómez”, Jaime Alberto Parra, alias El médico; “Carlos Antonio Lozada” y Rodrigo Granda Escobar, alias Ricardo Téllez.
La decisión reconoció la gravedad de los delitos y dispone que los exmiembros del secretariado cumplan la sanción bajo condiciones definidas por la justicia transicional, más allá de los sistemas penitenciarios ordinarios.
Así lo explicó el magistrado Alejandro Ramelli, que subrayó que la función central de la JEP consiste en sentenciar promoviendo la reparación y reconciliación social, no concentrándose únicamente en el castigo.
El documento de la resolución se extiendió a lo largo de 663 páginas y se consideró un hecho relevante para los procesos de justicia transicional en Colombia. Durante la presentación del fallo, Ramelli detalló la importancia de las voces de 4.200 víctimas reconocidas como fundamentales para la investigación.
El magistrado resaltó que la decisión da respuesta a las exigencias de las víctimas directas, así como de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional que observan el proceso. En sus declaraciones destacó el impacto persistente que ha dejado la violencia, manifestado en los relatos de las personas que padecieron secuestros y otras formas de afectación.
Ramelli también enfatizó que la sentencia representa un progreso en el respeto a los derechos y en el reconocimiento a quienes han sufrido pérdidas o aún esperan verdad y justicia, incluyendo a madres que buscan a sus hijos y comunidades afectadas por el conflicto.
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