Presidente de la Cámara envió las actas a la Corte Constitucional para salvar la reforma pensional, pero Katherine Miranda manifestó dudas: “Carece de validez”

La controversia en torno a la reforma pensional escaló tras la entrega de las actas de las sesiones parlamentarias a la Corte Constitucional, un hecho que el presidente de la Cámara, Julián López, calificó como “un paso más hacia la justicia social”.

En palabras del propio López, “entregamos la respuesta sobre las actas de la Reforma Pensional a la @CConstitucional. No es un simple documento: es la esperanza del pueblo, la voz de quienes piden justicia social. Que la Ley 2381 de 2024 sea el inicio de una Colombia más justa e igualitaria”, expresó el congresista a través de su cuenta en X.

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El informe remitido por Julián López a la Corte Constitucional detalla que “el acta del 28 de junio se aprobó con quórum decisorio, mientras que la del día 27 se aprobó con quórum deliberatorio”, según consta en el documento oficial.

López enfatizó que “las actas de las sesiones del 27 y 28 de junio fueron votadas y aprobadas por la plenaria”, reafirmando la legalidad del procedimiento seguido en la Cámara de Representantes.

La polémica se intensificó a raíz del llamado “pupitrazo”, cuando la Cámara acogió el texto previamente aprobado en el Senado. En ese contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó el trámite realizado y dirigió críticas al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, según informó El Espectador.

“Con relación a las fechas de aprobación de cada una de las actas me permito informar según certificación No. 0245/2025 suscrita por el Secretario General de esta corporación que:

• El acta 257 del 28 de julio del 2025, fue aprobada el 26 de agosto del 2025, como consta en el Acta No. 266 de 2025, publicada en la gaceta No. 1676 del 11 de septiembre del 2025.

• El acta 256 del 27 de julio del 2025, fue aprobada el 26 de agosto del 2025, conforme se precisa en el Acta No. 266 de 2025, publicada en la gaceta No. 1676 del 11 de septiembre del 2025.

• El acta 255 del 26 de julio del 2025, la cual se llevó a cabo con quórum deliberatorio, fue aprobada el 26 de agosto del 2025, según consta en el Acta No. 266 de 2025, publicada en la gaceta No. 1676 del 11 de septiembre del 2025″, se lee en el documento.

Y se agrega: “Con relación al número de votos y obtenidos para determinar la aprobación de las actas, el Secretario General de esta Corporación certificó, según constancia 0245/25, que la aprobación de las actas de las sesiones plenarias se realizó mediante votación ordinaria por sí y por no, conforme a lo establecido en el artículo 27 y 52 de la Ley 5 de 1992 y el desarrollo ordinario de las sesiones. En consecuencia, las actas identificadas fueron aprobadas por mayoría, decisión que fue proclamada por la Mesa Directiva, y por tanto, constituyen el fiel reflejo de lo actuado en cada una de esas sesiones, quedando legales y válidas en los términos de la ley”.

No obstante, la representante Katherine Miranda manifestó serias dudas sobre la validez de la documentación presentada por la presidencia de la Cámara.

En un video difundido en redes sociales, Miranda afirmó: “El acta dos cincuenta y seis, con la que el presidente de la Cámara de Representantes certifica la convocatoria y el anuncio de la reforma pensional, carece de validez. Allí se afirma que el 26 de agosto la reforma aprobada con setenta y seis votos, cifra que no constituye de ninguna manera quórum decisorio”, según sus declaraciones.

Miranda añadió que “lo más grave es que esa misma votación, con prácticamente los mismos resultados, ya se había repetido el 30 de julio, el 5 de agosto y el 20 de agosto. Si realmente tuviera validez la votación del 26 de agosto, ¿por qué entonces se puso a consideración en cuatro oportunidades con idénticos resultados?”.

La representante concluyó su intervención señalando que “esto, sin lugar a dudas, evidencia un claro vicio de procedimiento y, más grave aún, el documento final enviado por el presidente de la Cámara a la Corte Constitucional posiblemente constituya un delito de falsedad en documento público y abre la puerta a sanciones disciplinarias”, según sus palabras.