El cambio climático puso en jaque la seguridad energética de los colombianos en varios momentos a lo largo de la historia del país. El último hecho fue cuando la ausencia de lluvias en varias regiones del país obligó a la Alcaldía de Bogotá a aplicar medidas de racionamiento de agua que llegaron al punto de poner a hablar en el territorio nacional de un posible racionamiento de energía eléctrica, dado que la falta de precipitaciones afectó la generación de este recurso.
A la falta de lluvias se le sumaron las decisiones del Gobierno nacional que llevaron a los recursos energéticos a verse, prácticamente, agotados, lo que puso en entredicho la prestación de servicios esenciales para el desarrollo y la estabilidad de la población nacional.
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Ante esto, los representantes a la Cámara Carolina Arbeláez (Cambio Radical) y Juan Fernando Espinal (Centro Democrático) presentaron un proyecto de ley destinado a que la seguridad energética deje de ser un elemento sujeto a la coyuntura de los gobiernos de turno y sea reconocida como un derecho fundamental para toda la población.
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Aseguramiento de un suministro confiable
La iniciativa legislativa responde a la urgencia de asegurar un suministro confiable, continuo y estable de energía, esencial para el desarrollo, la salud y la educación de los colombianos. En este sentido, el proyecto radicado busca transformar el panorama energético del país.
“El país atraviesa una crisis energética por decisiones improvisadas. Sin energía no hay salud, educación ni desarrollo. Este proyecto busca blindar a los más vulnerables y garantizar una transición energética justa y responsable”, señaló la congresista Arbeláez durante el acto de radicación.
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En la misma línea, Espinal fue enfático al asegurar que el país no puede seguir dependiendo de importaciones de recursos cuyos valores representan un gasto considerable para las finanzas públicas, cuando en el país se puede generar la suficiente energía para abastecer a las grandes capitales.
“Colombia evitó un apagón gracias a las termoeléctricas. No podemos seguir dependiendo de importaciones costosas mientras nuestras inversiones en exploración y producción caen. Usar lo nuestro es clave para proteger empleos y la competitividad del país”, indicó el senador.
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Cinco propósitos fundamentales
El proyecto, que inició su tránsito en la Cámara de Representantes, contempla cinco propósitos fundamentales para garantizar que todos los habitantes del territorio nacional contaran con suministro energético de calidad en sus hogares y demás espacios de desarrollo.
El primero de esta serie de propuestas es el reconocimiento expreso de la seguridad energética como un derecho colectivo, institucionalizando el acceso y la protección de este servicio más allá de consideraciones gubernamentales superficiales. En la misma sintonía, el texto avanzar hacia una planificación de largo plazo que permita garantizar la estabilidad y calidad del servicio, evitando crisis futuras por falta de previsión o inversión.
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En tercer lugar, se propone cerrar la brecha entre el campo y la ciudad mediante la equidad energética, dado que no existe desarrollo sostenible si la mitad de los hogares rurales continúa en condiciones de precariedad energética. En consecuencia de este, el cuarto pilar de la iniciativa consiste en promover una transición energética que sea justa y responsable, lo que implica avanzar hacia fuentes renovables sin dejar de proteger la seguridad energética del país.
Finalmente, los congresistas buscar resaltar la necesidad de fortalecer la resiliencia y la soberanía nacional, garantizando que el país pueda enfrentar crisis externas y mantener su autonomía energética mediante el aprovechamiento de recursos propios y el desarrollo de tecnologías limpias e innovadoras.
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Blindaje del suministro de energía
La iniciativa aspira a suscitar un debate nacional sobre la importancia de blindar el suministro de energía de los vaivenes políticos y a fijar las bases para un futuro donde la energía llegue a todos por igual.
De esta manera, los congresistas autores del proyecto reconocen que sin seguridad energética se afecta la vida cotidiana de millones de colombianos y se compromete la capacidad del país para desarrollarse.
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