El debate sobre la protección del secreto profesional entre abogado y cliente adquirió una nueva dimensión en el proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez, luego de que el abogado Mauricio Pava Lugo presentara un derecho de petición ante la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.
En este documento, el litigante cuestiona la reciente sentencia que condiciona la confidencialidad de la relación abogado-cliente a la existencia de un poder escrito, una postura que, según su análisis, representa un retroceso en las garantías del derecho de defensa.
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La controversia se intensificó tras la decisión judicial que estableció que la protección del secreto profesional solo se activa cuando existe un poder formalmente protocolizado. Para Mauricio Pava Lugo, quien se integró al equipo de defensa del expresidente Uribe Vélez, este criterio desconoce la naturaleza esencial de la obligación legal y ética de los profesionales de no divulgar información confidencial que conocen por el ejercicio de su profesión.
El penalista sostiene que las normas procesales prohíben la interceptación de cualquier comunicación entre un abogado y su cliente, sin importar si el profesional actúa como defensor constituido o como consultor en las fases iniciales del proceso.
En un derecho de petición, revelado por Semana, subraya que la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y diversos fallos de la Corte Constitucional establecen que la garantía del secreto profesional surge de la relación de confianza entre abogado y cliente, y no de un trámite administrativo como la protocolización de un poder. El abogado respalda su postura con decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insisten en la necesidad de proteger la comunicación previa al inicio formal de un proceso judicial.
De igual manera, advierte que “limitar esa garantía a un poder escrito equivale a dejar desprotegido al ciudadano justo en la primera línea de defensa, cuando busca orientación legal por primera vez”, una afirmación que resalta la importancia de la confidencialidad desde el primer contacto entre el ciudadano y su asesor legal. En este contexto, Pava dejó constancia ante la Fiscalía de la asesoría que presta en el caso, con el objetivo de evitar posibles interceptaciones “por error”.
Las preguntas dirigidas a la fiscal general Camargo abordan uno de los aspectos más polémicos del juicio contra Uribe Vélez: la autorización judicial para interceptar las comunicaciones del exmandatario, en particular aquellas mantenidas con Diego Cadena, miembro de su equipo de abogados. Según lo expuesto en el derecho de petición, en dichas interceptaciones no se evidenció ninguna conducta irregular.
Pava plantea un interrogante central: “La sentencia sostiene que el secreto profesional ‘cede’ cuando existen ‘indicios claros de concentración delictiva’ en las comunidades, pero ¿cuáles fragmentos específicos de las llamadas Cadena-Uribe demuestran per se una finalidad ilícita, si el analista Óscar Álvarez y el informe 11224522-23 concluyeron que las conversaciones no revelan acuerdos ni eran relevantes para el expediente?”, cuestionó el abogado defensor.
Otra cuestión fundamental planteada por el litigante se refiere al precedente de la Corte Suprema, que establece que “la sola procedencia del vínculo abogado-cliente basta para excluir la prueba”. Pava pregunta por qué se desestimó este criterio y se optó por exigir un poder escrito como único mecanismo para activar la protección de los artículos 301 de la Ley 600 y 235 de la Ley 906. Esto, en su opinión, contraviene el principio pro homine o regla de interpretación que indica que, ante la existencia de dos o más normas o interpretaciones aplicables a una misma situación, se debe elegir la que ofrezca la mayor protección o beneficio a la persona humana, la libertad o sus derechos.
Las respuestas que ofrezca la fiscal General Luz Adriana Camargo a estos cuestionamientos serán decisivas para el desarrollo del proceso contra Álvaro Uribe Vélez, actualmente en etapa de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
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