La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer los dispositivos electrónicos que se utilizarán para supervisar a exintegrantes de las Farc y exmiembros de la fuerza pública que han sido sancionados por su participación en hechos graves y representativos del conflicto armado.
Estas personas optaron por reconocer su responsabilidad y aportar verdad plena ante la Sala de Reconocimiento; y aunque las sanciones aún no son definitivas, la JEP explicó que estas tendrán una duración de entre 2 y 8 años y consistirán en trabajos, obras y actividades reparadoras en terreno, en lugar de penas privativas de la libertad.
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Este modelo ha generado críticas por parte de víctimas y organizaciones sociales, que consideran que no establece un control suficiente sobre los comparecientes.
Tres métodos de monitoreo
Durante una rueda de prensa, Harvey Suárez Morales, secretario ejecutivo de la JEP, explicó que se han definido tres mecanismos para hacer seguimiento a las sanciones: el monitoreo mediante dispositivos electrónicos, la supervisión directa en terreno por parte de equipos de la jurisdicción y el monitoreo estratégico, que cuenta con la participación de la misión internacional de verificación.
Sobre el primer método, que ha despertado mayor interés, Suárez presentó uno de los dispositivos que se entregarán a los sancionados. “Este es uno de los dispositivos electrónicos que parece mucho a un celular. De hecho, no lo es, se parece bastante, pero tiene una configuración distinta: una programación y un software específicos, niveles de seguridad y unos bloqueos de tal manera que no haya ningún tipo de intromisión en la intimidad de la persona que lo porta”, detalló.
El funcionario subrayó que estos dispositivos no graban conversaciones ni actividades en video o audio, y que su función se limita a establecer la ubicación precisa de la persona, verificando que se encuentre en el lugar asignado para las labores de reparación. El seguimiento se realizará mediante herramientas digitales de georreferenciación. “No se utilizaron los brazaletes u otros mecanismos por varias razones, entre ellas las referidas a una intromisión que pueda significar un riesgo para el compareciente”, explicó Suárez, aunque no detalló cuáles serían esos riesgos.
Actualmente, como fase piloto, se están utilizando dispositivos similares a relojes para supervisar a los máximos responsables del subcaso Huila, correspondiente al caso 03, quienes participan en labores de búsqueda de personas desaparecidas junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Durante la presentación se proyectaron imágenes de estos relojes y de su funcionamiento.
Respuesta ante intentos de evasión
El sistema cuenta con medidas para detectar cualquier intento de eludir la supervisión. Según Suárez, si un compareciente trata de quitarse el dispositivo o salir del área permitida, el sistema genera una alerta automática que se recibe en el centro de monitoreo.
Los dispositivos están conectados a una plataforma que muestra un mapa con un cerco perimetral de control digital. Cuando la persona cruza ese límite, se activa de inmediato una alarma. “Se examina cuál fue la situación y en caso de generarse un incidente de eventual incumplimiento o una situación de salud o un incidente de seguridad, se informa de inmediato a la Sección con reconocimiento para que tome nota de la situación”, explicó el secretario ejecutivo.
Suárez agregó que este sistema no solo depende de la tecnología, también de la supervisión en terreno por parte del personal de la JEP, lo que permite validar la información y responder rápidamente en caso de irregularidades.
Acceso a la información
El funcionario también precisó que la plataforma de monitoreo tiene distintos niveles de acceso para proteger los datos personales de los sancionados. Indicó que la información sensible será manejada exclusivamente por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
“Aquellos datos que describen información de carácter personal son de manejo exclusivo de la sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad que tiene los accesos permitidos”, explicó Suárez.
Por otro lado, los reportes generales sobre el avance de las sanciones podrán ser solicitados por la ciudadanía, los medios de comunicación, la Procuraduría, la Contraloría y otras entidades de control.
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