El expresidente de Colombia Iván Duque emitió una crítica dirigida al proceso de paz suscrito entre el Estado y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), al afirmar que “nunca hubo cárcel, ni sanciones ejemplarizantes, ni reparación, ni verdad ni justicia efectiva que parte de la proporcionalidad entre delito y pena”.
Duque explicó que durante las negociaciones, el gobierno colombiano “dijo que los cabecillas de las FARC no llegarían al Congreso sin pagar por sus delitos y ahí llegaron”.
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En su intervención, el exmandatario sostuvo que “dijeron que habría sanciones ejemplarizantes pero alternativas, lo cual no significaría impunidad”.
Según Duque, la realidad posterior a la firma del acuerdo contradijo ese compromiso, ya que, en su opinión, los excomandantes mantuvieron su libertad y accedieron a beneficios, mientras las medidas sancionatorias no se correspondieron con la gravedad de los delitos.
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El exjefe de Estado hizo énfasis en que el país confió en la justicia transicional como un mecanismo para avanzar hacia la reconciliación y garantizar los derechos de las víctimas.
“El país brindó un voto de confianza en la justicia transicional pero tardó casi una década para terminar en sanciones pueriles a los cabecillas de las Farc dado que seguirán en libertad, gozando de beneficios y revictimizando a miles de personas”, expresó Duque.
La implementación del acuerdo de paz y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han generado posiciones encontradas en la sociedad colombiana.
Para sectores críticos como el expresidente, los resultados han dejado insatisfecha la expectativa de que hubiera una justicia proporcional frente a los crímenes cometidos durante el conflicto.
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Destacó que uno de los puntos con mayor inconformidad fue el acceso de antiguos líderes guerrilleros a cargos legislativos, sin haber cumplido penas privativas de la libertad por delitos graves.
Contraloría alerta sobre baja ejecución de recursos para la paz en Colombia: casi 10 años de inversión “no reflejan cambios reales”
La Contraloría General de la Nación advirtió que las inversiones para la paz en Colombia realizadas desde 2017 hasta el primer trimestre de 2025, estimadas en más de $107 billones, “no reflejan cambios reales” en los territorios ni en las condiciones fiscales.
Esta conclusión surge del noveno informe del organismo fiscalizador, dedicado al seguimiento de la implementación del Acuerdo Final de Paz en el Congreso de la República.
El reporte oficial, expone que el 42% de los proyectos vinculados al Plan Plurianual de Inversiones para la paz carecen de ejecución concreta, y únicamente el 17% presenta impactos tangibles susceptibles de cuantificación.
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Estas cifras elevaron la preocupación del ente de control por la falta de resultados efectivos y el ritmo lento en áreas clave como la reforma agraria.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, declaró a Blu Radio que la meta más lejana de cumplir corresponde a la formalización de tierras.
“La meta es de tres millones de hectáreas y vamos en 7.000. Por lo tanto, si nosotros calculamos el mejor ritmo histórico, nos duraríamos 400 años para cumplir la meta que está ahí establecida”, indicó el funcionario.
El análisis detallado por la Contraloría encontró 113 irregularidades en el uso de fondos, con 31 de ellas asociadas a un uso ineficiente de $4.794 millones de recursos públicos. En el sector de minas y energía, el 12% de los proyectos solares financiados por el Ocad Paz presentan dificultades para operar de modo sostenido y carecen de planes claros de mantenimiento.
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La institución también alertó, sobre un déficit de $10,26 billones en el Plan Nacional de Electrificación Rural, ya que se necesitan $18,2 billones para universalizar el servicio y solo existen $7,93 billones proyectados.
En contraste, algunos programas sociales muestran avances parciales. En educación y salud rurales, 668.564 hogares han recibido atención en 367 municipios, aunque la Contraloría señala la ausencia de metodologías sólidas para medir impacto y una articulación insuficiente entre las entidades involucradas.
En lo relativo a la economía campesina y solidaria, a pesar de recursos superiores a $8,95 billones, la Contraloría advirtió que no ha tenido el efecto esperado en el desarrollo territorial. Asimismo, la revisión de los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral evidenció coberturas desiguales y poca coordinación interinstitucional.
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En infraestructura, el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional ejecutó $1,08 billones en 2024 de los $5,2 billones comprometidos para el periodo 2020-2025.
Por último, en educación rural presenta una ejecución del 74,71% sobre el presupuesto asignado, y el Plan Nacional de Salud Rural transfirió $633.786 millones en 2024.
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