Corte Suprema exigió a la Fiscalía y a la Dijín reportar procesos contra ‘Pipe Tuluá’ antes de decidir su extradición

La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Dijín de la Policía que, en un plazo de 10 días hábiles, entreguen un informe detallado sobre los procesos penales activos en Colombia contra Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá. La decisión hace parte del trámite de extradición que cursa en su contra, a petición de una corte de Estados Unidos.

El alto tribunal busca establecer si existen investigaciones en curso que puedan chocar con el pedido de las autoridades estadounidenses. Según la defensa de Marín Silva, se estaría incurriendo en una vulneración al principio de non bis in ídem, que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

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En su argumentación, los abogados del señalado narcotraficante sostuvieron que algunos de los delitos que motivan la solicitud de extradición ya estarían siendo objeto de procesos judiciales en Colombia, lo que, de confirmarse, pondría seriamente en entredicho la validez y solidez jurídica del requerimiento internacional, generando preocupaciones sobre eventuales vulneraciones al debido proceso.

La Corte Suprema de Justicia no se pronunció de fondo sobre el trámite, pero dejó claro que la respuesta de la Fiscalía y de la Dijín será determinante para avanzar en la revisión del expediente. De comprobarse la existencia de investigaciones por los mismos hechos, el tribunal tendría que evaluar si la solicitud de extradición puede prosperar o si, por el contrario, debe priorizarse la competencia de la justicia colombiana.

Alias Pipe Tuluá es señalado por las autoridades como un actor clave del narcotráfico en el Valle del Cauca, con conexiones para enviar cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Su nombre aparece en operativos y en reportes de agencias internacionales, incluida la DEA (Drug Enforcement Administration), que lo identifican como pieza relevante en redes que enlazan grupos locales con carteles extranjeros.

Por el momento, los abogados que representan a Marín Silva mantienen una postura firme frente al avance de su trámite de extradición. Según la argumentación expuesta en las más recientes audiencias, el envío de su cliente a Norteamérica constituiría, en sus palabras, “una doble persecución”, pues aún hay procesos abiertos en el país relacionados con los mismos hechos por los que lo reclama la justicia extranjera. En consecuencia, solicitaron a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que adopte una medida cautelar y detenga el procedimiento hasta que se esclarezca por completo la situación jurídica de Marín Silva en Colombia.

Por su parte, la Corte Suprema prepara el envío de una notificación a “Pipe Tuluá” para comunicarle que el proceso de extradición en su contra sigue su curso y que debe escoger al abogado que lo representará. Cumplido ese requisito, los magistrados adelantarán la fase probatoria, se decretarán y practicarán los elementos de prueba que las partes pretendan hacer valer, y más adelante se abrirá el espacio para la presentación de alegatos finales. Solo entonces el alto tribunal emitirá su concepto sobre si procede o no su entrega a la justicia extranjera.

Ese dictamen, sin embargo, no agota el camino. En caso de que la Sala Penal dé luz verde, será el presidente Gustavo Petro quien tenga la última palabra sobre la extradición. Si, por el contrario, el concepto fuera desfavorable, el envío del jefe de la banda La Inmaculada quedaría descartado. De acuerdo con los tiempos que maneja la corporación, la decisión definitiva podría conocerse en un plazo cercano a los cuatro o cinco meses.