Colpensiones reveló que si no se ejecuta la Reforma Pensional perderá $9 billones clave para los colombianos en 2026

El futuro financiero de Colpensiones podría verse comprometido si la Reforma Pensional no avanza con rapidez en el Congreso de la República, según advirtió Jaime Dussán, durante la sustentación del informe presupuestal para 2026 ante la Comisión Séptima del Senado.

El presidente de la administradora señaló que la demora en la aprobación de la reforma por parte de la Corte Constitucional implicaría que Colpensiones dejaría de recibir más de $9 billones, una suma que, de acuerdo con sus declaraciones, resultaría fundamental para aliviar la presión sobre el presupuesto general de la nación (PGN) del próximo año y fortalecer las finanzas del sistema.

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A su vez, Dussán detalló que el presupuesto asignado a Colpensiones para el año en curso asciende a $35,9 billones, de los cuales ya se ha ejecutado más del 69%. Para la vigencia de 2026, la entidad solicitó un incremento significativo, elevando la cifra a más de $79 billones. Este monto contempla la ejecución de bonos pensionales destinados a más de 3.120.000 colombianos, lo que representa un esfuerzo considerable en la cobertura y sostenibilidad del sistema público de pensiones.

De igual manera, hizo énfasis en la situación de los trabajadores clasificados como de alto riesgo, entre los que mencionó a bomberos, guardias de cárceles y empleados de industrias. Según la normativa vigente, estas personas no deberían estar afiliadas a fondos de pensiones privados. Por este motivo, Dussán informó que presentó cartas formales solicitando el traslado de estos afiliados a Colpensiones, con el objetivo de cumplir la ley y garantizar la protección adecuada de sus derechos previsionales.

El duro mensaje de Jaime Dussán al magistrado Jorge Ibáñez

Jaime Dussán advirtió que la falta de un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional está afectando la financiación del pilar solidario. También explicó a La Última que de haberse declarado constitucional la ley, Colpensiones habría recibido recursos adicionales que permitirían cubrir el bono pensional para tres millones de adultos mayores de 60 y 65 años.

El presidente de Colpensiones detalló que la reforma superó el trámite legislativo y fue reglamentada mediante cinco decretos, pero al llegar a la Corte Constitucional surgieron nuevas dificultades. Según Dussán, el presidente de la Corte, Jorge Ibáñez, presentó una ponencia que declaraba inexequible la ley, aunque no obtuvo la mayoría necesaria. Posteriormente, la máxima instancia judicial decidió devolver a la Cámara de Representantes un auto que solicitaba reabrir la discusión del texto.

Tras esta decisión, la Cámara de Representantes volvió a votar el articulado. Dussán relató que el presidente de la Corporación, convocó a sesiones extraordinarias y se cumplió con el procedimiento establecido. En la primera votación se registraron 89 votos, mientras que en la segunda la cifra ascendió a 104 votos. Una vez finalizado este proceso, las actas fueron remitidas nuevamente a la Corte Constitucional. Sin embargo, señaló que el presidente de la Corte emitió un nuevo auto, esta vez de manera individual y no en representación de los nueve magistrados, solicitando información adicional.

Entre las nuevas exigencias, el magistrado Ibáñez pidió los nombres de los congresistas que participaron en la votación de las sesiones extraordinarias. Dussán consideró que esta actitud es hostil y no representa la posición mayoritaria de la Corte.

“Realmente hay una actitud hostil por parte del magistrado Ibáñez, que no es la mayoría de la Corte Constitucional. Los señores magistrados han hecho saber, varios, superior a cinco, que van a declarar exequible la ley”, dijo Dussán al medio citado.

El presidente de la administradora de pensiones también recordó que el plazo legal para la revisión constitucional ya expiró. Según la normativa, la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley en un plazo de 90 días. Dussán sostuvo que el estancamiento actual se debe a la presidencia de la Corte, ya que los demás magistrados deben esperar a que Ibáñez dicte los actos correspondientes, conforme al procedimiento legal.