El 36% de cigarrillos que se consumen en Colombia son ilegales, advierte un estudio: la estrategia con la que proponen mitigar el contrabando del producto

El Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales 2024, elaborado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) e Invamer, precisó que el 36% de los cigarrillos consumidos en el país son ilegales, lo que representa el nivel más alto registrado desde 2016.

La magnitud de este fenómeno, según el estudio, no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también compromete la seguridad regional y la salud pública. Entre 2017 y 2024, el Estado dejó de percibir 5,3 billones de pesos debido al contrabando de cigarrillos, una suma equivalente a la mitad del presupuesto anual de Medellín.

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En 2024, la pérdida fiscal superó el billón de pesos, según los datos del estudio. El avance del contrabando de cigarrillos en Colombia, señala el estudio, ha generado un impacto negativo directo en la financiación de sectores esenciales como la educación, el deporte y la salud, con pérdidas anuales que superan el billón de pesos.

El análisis regional revela que el problema se concentra especialmente en departamentos fronterizos y zonas rurales. La Guajira encabeza la lista con un 87% de consumo de cigarrillos ilegales, seguida por César (81%), Magdalena (79%) y Norte de Santander (75%). En áreas rurales, el 51% de los cigarrillos consumidos no cumplen con la legalidad.

Refuerzo de las ZCL, la estrategia para mitigar el contrabando de cigarrillos en Colombia

Frente a este escenario, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la FND, Fenalco, Coltabaco y otros actores del sector público y privado optaron por reforzar la estrategia Zonas de Comercio Legal (ZCL). Esta iniciativa tiene como meta formar y reconocer a más de 1.000 tenderos como “Embajadores de la Legalidad”, promoviendo la venta de productos legales y la formalización del comercio en tiendas de barrio, panaderías, licorerías y minimercados, considerados la primera línea de defensa contra el contrabando.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco destacó la importancia de esta alianza: “En Fenalco estamos convencidos de que la legalidad es la base del desarrollo empresarial y del progreso social. Por eso, desde 2020 nos unimos con compromiso a la estrategia Zonas de Comercio Legal, una iniciativa que nos enorgullece y que visibiliza el rol fundamental de los tenderos como auténticos Embajadores de la Legalidad en sus comunidades”, dijo el representante gremial en declaraciones recogidas por la FND.

La versión 2025 de las Zonas de Comercio Legal (ZCL) se implementará bajo un formato híbrido, con la capacitación virtual de 337 comercios antiguos y la formación presencial de 738 nuevos tenderos. Los contenidos abarcarán normatividad, finanzas, contabilidad, mercadeo, servicio al cliente y reconocimiento de productos legales.

El programa tendrá impacto directo en 11 ciudades: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín (y su área metropolitana), Montería, Riohacha, Santa Marta y Valledupar. Desde su inicio en 2020, la estrategia ha consolidado una red nacional de tenderos comprometidos con la legalidad, en el marco de una alianza público-privada orientada no solo a frenar el contrabando, sino también a transformar la cultura comercial en Colombia.

Desde su inicio en 2020, la estrategia ha consolidado una red nacional de tenderos comprometidos con la legalidad, en el marco de una alianza público-privada orientada no solo a frenar el contrabando, sino también a transformar la cultura comercial en Colombia.

El posible impacto del precio de los cigarrillos y vapeadores con la reforma tributaria

La reciente reforma tributaria presentada por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso contemplaría un cambio sustancial en la política fiscal sobre productos de tabaco y sus alternativas podría materializarse en Colombia si prospera la iniciativa.

La propuesta gubernamental, que apenas inicia su trámite legislativo, responde a una doble motivación: por un lado, disminuir el uso de tabaco y sus sucedáneos, y por otro, fortalecer las finanzas públicas mediante la obtención de recursos frescos para el Presupuesto General de la Nación.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo fundamentó la medida en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), subrayando la necesidad de alinear los precios internos con los estándares internacionales y de frenar la tendencia a la baja en los precios de los productos alternativos al tabaco.

El Ministerio de Hacienda proyecta que, de implementarse el nuevo esquema tributario, el consumo anual de cigarrillos experimentaría una caída del 40,4%, pasando de 409 millones de cajetillas a 244 millones. En el caso de los vapeadores, la reducción estimada sería aún mayor, con una baja del 49,9%, lo que implicaría descender de 134 millones de mililitros a 67 millones consumidos al año.

En términos fiscales, el documento oficial calcula que los impuestos a los cigarrillos aportarían $762.000 millones adicionales por año, mientras que los gravámenes sobre los vapeadores generarían cerca de $309.000 millones. De este modo, el efecto combinado de ambas medidas permitiría superar el umbral del billón de pesos en ingresos adicionales a partir de 2026.