El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, pidió a la Corte Constitucional una extensión de plazo para entregar las actas de las sesiones del 27 y 28 de junio, en las que, según señalamientos, se corrigió el trámite de la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como Reforma Pensional del Gobierno de Gustavo Petro.
El motivo expuesto fue el alto volumen de información requerida. La solicitud fue reiterada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
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Al respecto, el documento dirigido a la secretaria general del tribunal, Andrea Romero López, el congresista indicó: “Solicito una prórroga debido a la cantidad de información pendiente de revisar”. La revisión de las actas resulta fundamental para determinar si la Cámara acató la instrucción de corregir el último debate, proceso que incidirá en el rumbo de la nueva ley.
La petición de prórroga, enviada el 12 de septiembre de 2025, responde a los reiterados requerimientos de la Corte Constitucional, que desde junio solicitó a la Cámara de Representantes la entrega de documentos clave.
La orden de la Corte Constitucional a la Cámara
Al respecto, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, ponente del caso, emitió un auto el 9 de septiembre en el que ordenó a la Cámara remitir, en un plazo de dos días hábiles, la certificación sobre la aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias. El alto tribunal exige que el documento detalle si las actas fueron aprobadas, la fecha de la decisión, el número de votos requeridos y obtenidos, y las razones en caso de que alguna acta siga pendiente de aprobación.
Además, la Corte solicitó copias de los órdenes del día en los que se incluyó la discusión y votación de las actas, una petición reiterada en autos del 11 y 25 de agosto.
La ausencia de estos documentos generó un retraso de casi tres meses desde el primer requerimiento, lo que mantiene en suspenso la revisión de la Ley 2381 de 2024. La Corte considera indispensable la certificación para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 841 de 2025.
Frente a ello, el magistrado Ibáñez Najar advirtió que la falta de estos elementos “impide a esta Corte contar con un acervo probatorio completo y fidedigno”. La demora en la entrega de las actas ha impedido que el alto tribunal avance en la evaluación de la constitucionalidad de la reforma, que debía entrar en vigor en julio de 2025.
Origen del conflicto
El origen de este conflicto institucional se remonta a la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que denunció presuntos vicios de procedimiento en la aprobación de la Reforma Pensional, al señalar que la Cámara de Representantes omitió los debates reglamentarios. La Corte Constitucional identificó un vicio y ordenó a la corporación subsanarlo, lo que llevó a la convocatoria de sesiones extraordinarias los días 27 y 28 de junio. Ahora, el tribunal debe comprobar si el trámite fue corregido conforme a lo ordenado.
Así las cosas, el proceso está marcado por una creciente tensión política. Es así que el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la actuación del magistrado Ibáñez al afirmar: “Somos respetuosos de la Corte, pero alzamos la voz con dolor y resentimiento, porque vemos que una sola persona acaba y destruye el beneficio para millones de viejos y viejas en el país, con el único propósito de querer destruir, no ganar nada ni que se quiera beneficiar de nada. Solo por destruir”.
Las quejas de Armando Benedetti
Benedetti también cuestionó la secuencia de exigencias del magistrado al señalar que “pidió una subsanación que nunca había pasado en el país. Después viene la subsanación. Luego dice que hay que votar las actas. Se votan las actas. Y ahora pide cómo fue la votación”.
Desde la oposición, la congresista Lina María Garrido, del Partido Cambio Radical, respondió: “Hoy se cumple el quinto plazo que dio la Corte y Benedetti haciendo el ridículo ataca al magistrado Ibáñez por cumplir con su deber. Lo reto, si me muestra el artículo de la Reforma Pensional que asegura el pago mensual del bono a tres millones de viejitos, le entrego mi credencial”, según.
Mientras persiste el cruce de declaraciones, la Corte Constitucional mantiene su posición: no podrá deliberar sobre la validez del trámite legislativo de la reforma pensional hasta recibir la certificación solicitada. El destino de la Ley 2381 de 2024, y con ello el futuro del sistema pensional en Colombia, depende de que se demuestre que las sesiones extraordinarias cumplieron con los requisitos establecidos por el tribunal.
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