La Fiscalía General de la Nación en Colombia asignó la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público al despacho de la Fiscalía Especializada Gaula de Bogotá, luego de que el sargento retirado Alexander Chala presentara una denuncia que involucra al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al general retirado Eduardo Zapateiro.
Según el documento revelado por Caracol Radio, la asignación del caso fue comunicada en cumplimiento de la Resolución No. 0-2294 del 26 de agosto de ese año.
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La actuación judicial surge tras la revelación de conversaciones de Whatsapp donde el ministro Sánchez y el general Zapateiro discutirían supuestos acuerdos para firmar un contrato con Indumil, la Industria Militar de Colombia, sin la autorización del presidente Gustavo Petro.
La Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema asumió la indagación contra Pedro Sánchez y Eduardo Zapateiro, a partir de las pruebas presentadas por Alexander Chala.
El comunicado oficial, dirigido a la defensa, señala que esta investigación corresponde a hechos relacionados con el posible aprovechamiento de la función pública para influir en decisiones contractuales en la administración nacional.
La notificación, firmada por la fiscal seccional especializada Alejandra María Beltrán Serpa, pone en conocimiento de las partes la apertura formal de la investigación, respaldada en lo dispuesto por el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal,
El despacho encargado notificó que la valoración inicial de la denuncia se realizó el 10 de septiembre de 2025 y que el proceso sigue bajo reserva mientras se practican las pruebas pertinentes.
Desde la sede central de la Fiscalía en Bogotá, la dirección de la actuación quedó bajo la unidad especializada en delitos contra la administración pública, con sede en la Carrera 13 No. 67-35, tal como consta en la comunicación entregada a la defensa de los denunciados.
El proceso continuará bajo la supervisión del despacho asignado, a la espera de nuevas decisiones de fondo respecto a la presunta participación de los funcionarios mencionados y de la posible existencia de otras personas involucradas en el hecho reportado.
El sargento retirado Chala expresó su disposición a presentarse ante las autoridades para entregar pruebas que, según afirma, corroboran la información que ha divulgado sobre una supuesta filtración de chats comprometedores.
Estas conversaciones, compartidas a través de su cuenta en la red social X, presuntamente involucran al ministro Pedro Arnulfo Sánchez y al exgeneral Eduardo Zapateiro, quienes habrían intercambiado mensajes mediante la aplicación Signal.
Ante esta situación, Chala solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia que, lo antes posible, abran una pesquisa preliminar con los elementos publicados.
Insistió en la necesidad de que los organismos de justicia revisen y verifiquen tanto el contenido de los mensajes como la titularidad de los números telefónicos que aparecen asociados a Sánchez y Zapateiro. Según el militar en retiro, esta verificación es fundamental para esclarecer la autenticidad de lo difundido y las posibles repercusiones legales.
Chala sostuvo que no le corresponde a él rendir cuentas públicas respecto al caso ni ante los ciudadanos ni ante quienes apoyaron al presidente Gustavo Petro. Planteó que es el ministro Sánchez quien debe responder judicial y públicamente sobre la veracidad de los chats y las consecuencias legales que pudieran derivarse.
También rechazó de manera enfática cualquier intento de vincular a las fuerzas militares en este episodio, e instó a Sánchez a dejar de lado discursos patrióticos o alusiones al orden constitucional, argumentando que los únicos involucrados en los mensajes serían las personas mencionadas, no las instituciones castrenses.
Por último, Chala defendió su actuación y su pasado al señalar que su autoridad en defensa del gobierno no ha sido objeto de cuestionamiento. Subrayó que es el propio ministro quien debe aclarar su situación ante la justicia y ratificó que está dispuesto a llevar el caso a instancias judiciales.
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