El procurador Gregorio Eljach insistió en que las asonadas contra la fuerza pública son un delito: “Los organismos deben actuar con prontitud”

El secuestro de 45 militares en zona rural de El Tambo (Cauca) evidenció nuevamente la estrategia de grupos armados ilegales que utilizan a comunidades civiles como escudos para frenar los operativos de la fuerza pública.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, calificó el fenómeno como un hecho “sin precedentes” y advirtió que constituye un delito que debe ser investigado con celeridad.

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Durante la instalación del XXXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso en Barranquilla, Eljach afirmó que la retención de militares por parte de civiles, bajo presión de los grupos armados, es una práctica “novedosa” en el país y señaló que los organismos de control tienen la obligación de actuar de inmediato.

“Eso son delitos y los organismos deben actuar con prontitud”, subrayó el procurador.

Seiscientas personas rodearon a la tropa

El episodio más reciente ocurrió en El Tambo, donde cerca de seiscientos personas rodearon a un grupo de militares que adelantaba una operación en la zona, acción atribuida a disidencias del Frente Carlos Patiño de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

El procurador reiteró que, pese a la gravedad de los hechos, la Fuerza Pública no puede responder con violencia contra la población civil debido a la prohibición constitucional.

“Se trata de comunidades instrumentalizadas por violentos armados criminales que le cierran el paso a las tropas”, advirtió Eljach, quien recalcó que la vía del diálogo es el camino para evitar choques entre civiles y militares.

28 asonadas en lo corrido del año

El Ministerio Público reporta 28 asonadas en lo que va de 2025, con casos recientes en municipios como Caloto (Cauca) y Calamar (Guaviare), donde civiles han retenido a uniformados.

Eljach calificó de “lamentables” estos episodios y pidió que los promotores de estas acciones sean perseguidos y judicializados.

Sin embargo, también pidió entender el contexto en el que actúan las comunidades: “Hay que ponerse en los zapatos de estas comunidades indefensas, sometidas bajo las armas de grupos ilegales que los instrumentalizan y los amenazan”.

No obstante, aclaró que quienes participan en estas retenciones deben ser conscientes de que incurren en delitos y tendrán que responder ante la justicia.

Cauca, epicentro de tensión

El departamento del Cauca se ha convertido en uno de los principales escenarios de disputa entre el Ejército y las disidencias de las Farc.

Desde hace un año, las autoridades adelantan la Operación Perseo para frenar el avance de grupos ilegales que han consolidado su presencia en la región.

En este contexto, Eljach destacó el comportamiento de los uniformados retenidos, resaltando que “prefieren pasar por esa vergonzosa situación y no levantar un arma, ni siquiera un golpe, contra un civil”, lo que, a su juicio, evidencia el compromiso de la Fuerza Pública con los derechos humanos.

Detrás de este episodio se encuentra Edwar Rubiano Álvarez, conocido como alias Jimmy. Según inteligencia militar citada por Blu Radio, este individuo se presenta públicamente como presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Tigres y secretario de la Asociación Campesina de El Tambo.

Sin embargo, las autoridades lo identifican como un actor clave dentro de las Redes de Apoyo a la Estructura Residual (Raer) de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Otros pronunciamientos del procurador

En paralelo, el procurador se refirió a otros temas de coyuntura. Sobre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, informó que existen seis indagaciones preliminares por denuncias públicas, aunque aclaró que no hay ninguna persona vinculada formalmente y los procesos se encuentran en etapas iniciales.

En cuanto a la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, Eljach enfatizó que estas medidas no deben tener como propósito la liquidación de la compañía, justo cuando se cumple un año desde que fue asumida por el Estado.

Con estas advertencias, el jefe del Ministerio Público reiteró la urgencia de que los organismos competentes actúen frente a las asonadas y subrayó que la instrumentalización de comunidades por parte de grupos armados no puede consolidarse como un mecanismo para obstaculizar a la Fuerza Pública.