Marco jurídico para la Paz Total: Ministerio de Justicia niega que sea un “paquete de beneficios” para criminales

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, suscitó todo un debate político por la implementación de la política de Paz Total, que se centra en el desarrollo de negociaciones con grupos armados al margen de la ley. Desde que el primer mandatario asumió el poder (2022), esa estrategia se puso en marcha, iniciando diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales. No obstante, algunos de los procesos no han resultado como se esperaba.

En medio de voces críticas y de advertencias sobre el fortalecimiento y la expansión de grupos armados en el territorio —según Human Rights Watch—, el Gobierno continúa ejecutando su política de paz, mientras prepara un marco jurídico que permita el sometimiento a la justicia de las organizaciones ilegales y la desmovilización de los grupos insurgentes.

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Desde que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció la radicación del proyecto ante el Congreso de la República, algunos sectores han cuestionado el contenido de la propuesta, advirtiendo que podría estar enfocado en otorgar beneficios a quienes se acojan a las negociaciones de paz con el Gobierno. Entre ellos está la aplicación de una pena privativa de la libertad de entre cinco y ocho años para los máximos responsables.

Además, según el abecé del proyecto de ley, los que sean cobijados con estas penas alternativas no estarán en centros carcelarios; pagarán su condena “en espacios rurales o urbanos para la construcción de la paz y la transformación territorial”.

¿Beneficios para los criminales? La perspectiva del Gobierno

Según explicó a Infobae Colombia el director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Juan David Villalba, estos ofrecimientos no deben ser considerados beneficios. “Yo no los llamaría beneficiarios en el sentido de que lo que estamos buscando es que estas personas se puedan reintegrar, reincorporar a la sociedad. (…) Que se diga que es un paquete de beneficios para grupos armados y estructuras armadas, es una forma de verlo, pero es una forma tendenciosa”, precisó el funcionario a este medio.

De acuerdo con su explicación, el marco jurídico se basa en un modelo de justicia restaurativa que busca cumplir con los fines principales de las penas en Colombia: la resocialización y la prevención. Eso quiere decir que, desde la perspectiva del Gobierno, lo que se pretende es que los integrantes de grupos armados asuman labores de reparación en medio del cumplimiento de sus penas, para que, al mismo tiempo, se reintegren en la sociedad y reparen a las víctimas. “Claro, por un lado, hay una reducción de penas, pero es que por el otro lado hay un acceso a la justicia oportuna”, indicó.

“El modelo de justicia restaurativa dice: ‘Venga, esta persona que cometió unos daños, va a recibir beneficios’. Uno tiene que entrar a un proceso de justicia. Tiene que decir toda la verdad, tiene que abstenerse de cometer nuevas conductas, tiene que reconocer responsabilidad, pero tiene también una obligación de restaurar. Y en esa misma acción de restaurar, él mismo se va reincorporando”, detalló.

Los firmantes de los procesos de paz también tienen que entregar bienes y armas, desmovilizarse, dejar de delinquir, y liberar secuestrados y menores de edad reclutados. Solo así podrán acceder a la pena establecida por un juez de la República que se ajuste a este nuevo marco jurídico, y trabajar por la reparación de las víctimas en los territorios. Esto, “bajo vigilancia”, para evitar la evasión de la justicia.

Sin embargo, el director aclaró que el cumplimiento de estas medidas dependerá también de la voluntad de los comparecientes. “Se pueden escapar, sí, claro (…). Esto es difícil, porque yo entiendo que la sociedad colombiana ha hecho varios esfuerzos, pero esto parte de la voluntad de las personas. El día que ellos no regresen o el día que se le escapen al guardia, pues ya se entiende que no hay voluntad, se revocan los beneficios”, precisó.

¿Qué pasaría entonces? Los criminales entrarían a ser juzgados por la justicia ordinaria y se enfrentarían a penas privativas de la libertad mucho más altas.

Otro “beneficio” que causa polémica: bienes retenidos

La discusión que suscita el marco jurídico se enfoca también en otro punto, considerado un “beneficio” desmedido y, para algunos, injusto, del que gozarán los criminales: la retención del 12% de los bienes que adquirieron de manera ilícita. Villalba reconoció que no es un incentivo popular entre la ciudadanía y que, en teoría, no debería existir: “En una sociedad sana, esto no tendría por qué suceder”.

No obstante, explicó que la realidad colombiana y la de otros países del mundo obliga a los gobiernos a establecer este tipo de incentivos para desescalar la violencia o acabar con redes criminales. Como ejemplo, mencionó a Estados Unidos: “Le hacemos caso en todo, ¿por qué no le vamos a hacer caso en la justicia premial, que es muy exitosa en Estados Unidos?”, precisó, recordando que agencias como el FBI o la DEA funcionan con ese tipo de justicia.

Incluso, afirmó que el 12%, que se establece en el instrumento jurídico, presenta un incremento mínimo si se le compara con el incentivo de la extinción de dominio que funciona en Colombia, que es del 10%. “Estamos siendo muy conservadores todavía”.

Pero, más allá del porcentaje y el debate sobre su amplitud o reducción, Villalba expuso otro punto de vista centrado en la persuasión por parte del Gobierno para garantizar que los grupos armados firmen la paz: entre más bienes entreguen los criminales, con más recursos se quedarán y, por otro lado, habrá más dinero para reparar a las víctimas. “Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque estos proyectos restaurativos, ¿cómo es que se van a financiar, si estamos en una crisis fiscal?“, aclaró.

Intento tras intento para negociar: grupos armados cobijados por el marco jurídico

El marco jurídico supone otro punto de discusión en torno a los actores armados que pueden negociar la paz con el Gobierno. Pues, no se excluye a ninguna organización o estructura que previamente haya estado inmersa en diálogos de paz y que haya demostrado no tener voluntad de paz. En ese sentido, según el funcionario, grupos armados como el ELN o algunas fracciones de las disidencias de las Farc, podrían llegar a contar con los beneficios estipulados en el proyecto, pese a que en medio de conversaciones pasadas cometieron todo tipo de crímenes contra la población civil y la fuerza pública, incluso, cuando se pactaron ceses al fuego.

Pero, para que sus integrantes lleguen a ser cobijados por el marco jurídico, deben haber firmado la paz y, para eso, se requiere del visto bueno del jefe de Estado. “El presidente es quien tiene la facultad y la autonomía para decir si se sienta o no con el ELN, o cuántas veces se sienta, o si no se vuelve a sentar. Depende principalmente del presidente, porque el ELN, en estricto sentido, en un criterio objetivo, cumple con todos los requisitos del grupo armado organizado en el marco del derecho internacional humanitario”, expuso.

Toda organización armada que tenga una jerarquía, que tenga la capacidad de ejercer operaciones militares sostenidas en el tiempo y que controle una parte del territorio, puede ser incluida en las negociaciones. Y el Gobierno añade un punto clave: que sus operaciones sean concertadas con fines políticos.

Además, también es posible adelantar mesas de diálogo con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. “Se entenderá como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto a los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado Colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento”, precisa el numeral ii, en el artículo 2 de la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total).

El abecé del marco indica que aquellos que hayan sido “excluidos de otros procesos de paz” se les impondrá una pena privativa de la libertad de entre ocho y diez años, siempre y cuando, cumplan con lo acordado.

Un marco jurídico que surge tras años de implementación de la Paz Total

Actualmente, la administración Petro adelanta ocho procesos de negociación, sometimiento o desmantelamiento con distintos grupos armados y estructuras armadas en territorios específicos:

1. Comuneros del Sur (Nariño)
2. Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Nariño y Putumayo)
3. Estado Mayor de Bloques y Frentes (Catatumbo, Antioquia, sur de Bolívar, Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo)
4. Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo)
5. Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta
6. Organizaciones criminales de Quibdó
7. Organizaciones criminales de Medellín
8. Organizaciones criminales de Buenaventura

Ante los avances alcanzados, y luego de más de tres años de aplicación de la política de Paz Total, surgió la necesidad de crear el marco jurídico en cuestión.

De acuerdo con el director de Justicia Transicional, se podría pensar que el instrumento jurídico que permite la implementación de lo acordado surge tardíamente, teniendo en cuenta que la política de paz ha estado ejecutándose desde 2022. Sin embargo, afirmó no que no es así: “Generalmente, los marcos jurídicos sobre justicia vienen posterior a la firma del acuerdo, nunca antes. Entonces, no es anormal (…). Hasta ahora las negociaciones están lo suficientemente avanzadas para pensar en un marco jurídico”, dijo.

Ahora bien, independientemente del tiempo de la presentación del proyecto, tiene el mismo reto: que el Congreso de la República dé luz verde a su aplicación, lo cual no resulta tan fácil para el Gobierno, porque cuenta con una amplia oposición, sobre todo, en el Senado. Varios congresistas rechazan de plano la política de Paz Total y, por ende, podrían no aprobar el marco jurídico.

Villalba insistió en que es necesario que el Legislativo dé su visto bueno, porque su decisión podría motivar a otros criminales a sumarse a la Paz Total. “Que pase esta ley por el Congreso también es un incentivo, pero por el otro lado también es un ultimátum a estos grupos que están negociando con el Gobierno. O firman ahora o quién sabe, porque puede llegar un Gobierno que no quiera negociar”, expuso.

Teniendo en cuenta este panorama, pidió a los senadores y representantes a la Cámara dar las discusiones y los debates técnicos con “altura”, pensando en las necesidades y respuestas que espera la población que ha sido víctima del conflicto armado. En caso de que rechacen la iniciativa, instó a los legisladores a proponer una alternativa distinta, orientada a la paz.

“Si no es este proyecto de ley, señores congresistas, llevan cuatro años, ¿qué otras soluciones le han brindado ustedes a la sociedad colombiana? ¿En qué se han ocupado en materia de paz?”, cuestionó.

Abecé del marco jurídico para la Paz Total