Panorama crítico en el Vive Claro: graves alertas por riesgos estructurales y falta de licencias para su operación

Durante un reciente debate de control político en el Concejo de Bogotá, la cabildante Quena Ribadeneira expuso un contundente diagnóstico sobre los riesgos y controversias que rodean al escenario Vive Claro, ubicado en la zona de influencia del Parque Simón Bolívar.

Según lo revelado, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) emitió más de 40 observaciones técnicas respecto a la estructura de este espacio de eventos masivos, señalando inconsistencias en la cimentación, presencia de vibraciones, riesgos hidráulicos y la ausencia de trazabilidad en el proceso constructivo.

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Uno de los hallazgos más críticos del Idiger recae en la instalación de graderías. El informe detalla que algunas fueron montadas ignorando alertas del fabricante, entre ellas advertencias sobre potenciales lesiones graves o incluso muertes por cuñas mal ensambladas. A la fecha, no existe claridad pública sobre cómo o si fueron subsanadas las observaciones técnicas, lo que acrecienta la preocupación sobre la verdadera seguridad del recinto.

Adicionalmente, la concejala Ribadeneira cuestionó que el proyecto Vive Claro se desarrolló sin la autorización del Comité Director del Parque Simón Bolívar y sin licencias urbanísticas. Aseguró ante el Concejo que no existen datos verificables que garanticen la seguridad estructural en eventos que, en condiciones normales, concentran a más de 40.000 personas. “Estamos hablando de un espacio que concentra a más de 40.000 personas en posibles condiciones de riesgo, bajo la mirada permisiva de la administración distrital”, advirtió Ribadeneira.

La incertidumbre en torno al Vive Claro también incluye un clima de presunta intimidación. Integrantes de la veeduría ciudadana denunciaron ser víctimas de campañas de desinformación y ataques personales, mientras que la propia concejala Ribadeneira fue objeto de comentarios misóginos y presiones indebidas en redes sociales tras visibilizar estas denuncias.

“Estamos frente a un escenario que opera sin licencias, con múltiples alertas técnicas y bajo un clima de hostigamientos. Se puede poner en riesgo la vida de los asistentes y se vulnera el derecho de los ciudadanos a la veeduría y el control político”, subrayó la cabildante.

En paralelo, residentes de barrios vecinos reportan vibraciones, ruidos excesivos y afectaciones cotidianas durante cada concierto, mientras las autoridades mantienen su silencio ante la crisis. Ribadeneira advirtió: “La administración del alcalde Carlos Fernando Galán debe actuar de inmediato. Cada día de silencio e inacción frente al escenario Vive Claro agrava el riesgo. Y que quede claro: en caso de que ocurra una tragedia, la responsabilidad recaerá en esta administración por omisión”.

En el desarrollo del debate, el concejal José Cuesta Novoa sumó críticas al señalar una supuesta dilación de decisiones fundamentales por parte del alcalde Galán en la protección de la Sabana de Bogotá. Citando la Ley 99 de 1993, recordó que la sabana fue declarada territorio de interés ecológico nacional, y denunció la ausencia de una política seria de ordenamiento ambiental en beneficio de sectores privados. Según Cuesta Novoa, de las 500.000 hectáreas que conforman la sabana, alrededor de 460.000 estarían hoy en riesgo debido a la especulación inmobiliaria y falta de acción estatal.

El panorama social en torno al Vive Claro es también uno de creciente inconformidad ciudadana. Cuesta Novoa denunció lo que llamó el “cerco feroz del ruido” sobre la localidad de Teusaquillo, afectada por la concentración de eventos masivos en recintos como el Vive Claro, Parque Simón Bolívar, Movistar Arena, Cesap, Plaza de los Alfiles, Compensar y el Estadio El Campín. Precisó que durante un solo día, siete conciertos simultáneos reunieron a más de 300.000 personas, con graves repercusiones para las UPZ de Parque Simón Bolívar y Esperanza.

La molestia vecinal ha impulsado el anuncio de una campaña ciudadana para recolectar más de 400.000 firmas y convocar una consulta popular vinculante sobre el destino del Salitre El Greco, reclamando del Estado el respeto por el derecho al descanso y la protección del entorno residencial y ecológico ante la presión de la industria del entretenimiento y la especulación urbana.

Así, la polémica en torno a Vive Claro no solo pone en el centro del debate la seguridad estructural y la legalidad del escenario, sino la tensión entre derechos ciudadanos, intereses de la industria y la responsabilidad administrativa de las autoridades locales en la protección de la vida, el ambiente y el bienestar colectivo en Bogotá.