Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

El ataque con gasolina y fuego a dos militares del Ejército Nacional en la vereda Siloé, en Villagarzón (Putumayo), continúa generando voces de repudio, pues esta acción criminal se habría desarrollado en medio de una asonada.

Sobre este hecho, el gobernador del departamento, John Gabriel Molina, condenó enérgicamente el hecho, que dejó a los uniformados con quemaduras graves durante una operación antidrogas, y advirtió sobre el impacto que este tipo de actos tiene en la región y en el país.

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En declaraciones entregadas a Blu Radio, Molina calificó el ataque como un acto de barbarie y terrorismo, y resaltó la urgencia de abordar las causas estructurales que perpetúan la violencia en la zona.

El ataque contra los militares se conoció en la tarde del miércoles 3 de septiembre, cuando tropas de la Brigada 27 del Ejército Nacional desplegaron una operación para desmantelar un laboratorio clandestino de producción de pasta base de coca en dicha vereda del Putumayo.

Durante la intervención, un subteniente y un soldado profesional —identificados como Miguel Ángel Mejía y Sebastián Díaz— fueron atacados por un grupo de al menos 15 personas.

Los agresores rociaron a los militares con gasolina y les prendieron fuego, causándoles lesiones de consideración. Ambos permanecen bajo atención médica en Bogotá, mientras las autoridades avanzan en la identificación y captura de los responsables.

Molina expresó su rechazo absoluto a lo sucedido, afirmando que “quemar a una persona es lo peor; el peor de los crímenes, un acto que hiere a todo el Putumayo, que hiere al país”.

El mandatario regional insistió en que la sociedad no puede aceptar que, en nombre de ningún interés, se cometan actos de esta naturaleza. “Sé en carne propia lo que significa el sufrimiento que deja la violencia. Por eso no puedo, ni podemos, como sociedad aceptar que en nombre de ningún interés se cometan actos de esta barbarie”, declaró en diálogo con Blu Radio.

En cuanto a la autoría del ataque, el gobernador señaló que, según la información recibida del Ejército, los responsables serían civiles que participaron en una asonada para impedir la destrucción del laboratorio ilegal.

Molina precisó que las dos personas que ejecutaron el acto ya fueron identificadas y que en la zona operan los Comandos de Frontera, bajo el mando de un cabecilla conocido como alias Ronald.

Esta versión contrasta con la del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que sostuvo que los agresores no eran civiles, sino “criminales y narcos”. El gobernador, sin embargo, reiteró su confianza en los datos proporcionados por las autoridades castrenses.

El ataque se produjo en el contexto de una operación antidrogas que buscaba desmantelar infraestructuras dedicadas a la producción de cocaína, una actividad que ha experimentado un crecimiento alarmante en Putumayo.

Molina advirtió sobre las profundas dificultades que enfrenta el programa de sustitución de cultivos ilícitos en el departamento. Según sus declaraciones al medio citado, a pesar de las “buenas intenciones” y estrategias planteadas, la ejecución y el cumplimiento de los proyectos han resultado insuficientes.

Las cifras expuestas por el gobernador reflejan la magnitud del problema: mientras en 2018 Putumayo contaba con unas 23.000 hectáreas de coca, en la actualidad la cifra rondaría las 54.000. Molina atribuyó este aumento a fallas críticas en la implementación de los programas sociales, como la falta de coordinación y la entrega tardía de recursos.

Como ejemplo, mencionó proyectos de gallinas ponedoras en los que los animales se entregaban primero y el alimento llegaba meses después, lo que generó un “desgaste importante” y la pérdida de recursos.

Asimismo, el mandatario regional se refirió al proceso de paz con los Comandos de Frontera, insistiendo en que la mayor participación en esta mesa debe ser la población civil afectada por el conflicto armado.

“Iniciaron con un proceso donde no tenían mayores expectativas, pero que finalmente fue creciendo, avanzando, se fue generando confianza y han logrado avanzar en temas importantes. Dentro de los compromisos que se han establecido en la mesa es la entrega de aproximadamente 14 toneladas de explosivos. Estaba establecida una fecha para los próximos días, semanas y también el avance en la erradicación de 15.000 hectáreas de hoja de coca (...)”, indicó el mandatario regional en la citada entrevista.

Y puntualizó: “Nosotros como Gobernación participamos con el propósito de que le den representatividad a la población civil. Si bien es cierto, hay una apuesta del Gobierno nacional de construir la paz total y que se nos ha olvidado que quien debe participar activamente es quien han sufrido el conflicto armado, es decir, los campesinos, los indígenas (...) Aquí lo más importante es saldar la deuda histórica con las familias campesinas”.