En una nueva y tajante proposición, un grupo de senadores colombianos reiteró su llamado a que el cartel de los Soles sea clasificado oficialmente como una organización criminal transnacional y terrorista, en una iniciativa de la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín.
La solicitud, que sigue ganando fuerza en el Congreso, busca que el Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, adopte medidas drásticas contra esta organización, sospechosa de tener vínculos con el narcotráfico y con actividades terroristas que afectan la seguridad nacional y regional.
La proposición fue firmada por senadores de distintos partidos. Entre los nombres más destacados figuran Jota Pe Hernández (Alianza Verde), Paloma Valencia, Paola Holguín, María Angélica Guerra, Ciro Alejandro Ramírez (Centro Democrático), Efraín Cepeda y Germán Blanco (Partido Conservador), y Juan Felipe Lemos (Partido de la U), entre otros. Todos ellos se unieron en un documento dirigido al Senado en el que solicitan que el cartel de los Soles sea reconocido como una amenaza a la seguridad y estabilidad regional.
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El documento, presentado ante la Cámara Alta, cita normativas y compromisos internacionales adquiridos por Colombia, como las convenciones de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Los congresistas argumentan que esta organización debe ser catalogada como una entidad vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas.
Uno de los puntos más relevantes de la proposición hace referencia a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en marzo de 2020 imputó a altos funcionarios venezolanos, entre ellos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, por su presunta implicación en el narcotráfico y el financiamiento de actividades terroristas a través del cartel de los Soles.
Estos funcionarios fueron señalados de colaborar con las disidencias de las Farc, lo que hace aún más urgente, según los senadores, una respuesta decidida por parte del Gobierno colombiano.
El debate no solo causó controversia en el ámbito político colombiano, sino que tuvo repercusiones internacionales. Países como Ecuador, Argentina, Paraguay y Perú clasificaron al cartel de los Soles como una amenaza para la seguridad regional. De hecho, el Congreso de Perú logró el jueves 4 de septiembre que fuera catalogada esta organización como criminal y terrorista.
El Senado insta a Gustavo Petro a tomar acciones contra el cartel de los Soles
El Senado de la República, en el texto de la proposición, establece que el cartel de los Soles representa una “grave amenaza para la seguridad nacional y regional”, subrayando que esta organización, vinculada al narcotráfico y al lavado de activos, también financia grupos terroristas.
Los legisladores que firmaron el documento insisten en que la lucha contra el crimen organizado no debe ser una tarea exclusiva de los países directamente involucrados en el narcotráfico, sino que requiere un esfuerzo conjunto, tanto a nivel nacional como internacional.
El documento señala que Colombia, en su calidad de signatario de tratados internacionales como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, está obligada a cumplir con sus compromisos en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada.
En este sentido, la proposición destaca que la designación del cartel de los Soles como organización terrorista y criminal contribuiría a fortalecer el compromiso del país con las normativas internacionales.
Además, se hace énfasis en la necesidad de una cooperación más estrecha entre las naciones afectadas por el narcotráfico y el terrorismo. En este sentido, se considera esencial que el Gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, refuerce las acciones contra esta organización y tome medidas más contundentes para prevenir que el narcotráfico siga desestabilizando la región.
“El Senado de la República EXHORTA al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Gustavo Petro, para que honre los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, en el marco de los principios y normas constitucionales vigentes (sic)”, se lee en el documento.
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