A Alexander Eduardo Torres, abogado y funcionario de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), un juez de conocimiento le confirmó la medida de aseguramiento por su presunta implicación en el secuestro extorsivo del empresario Rodolfo Acosta De La Torre, conocido como “Fito” Acosta, y de su esposa, Katya Barros.
La captura de Torres se realizó tras cinco años de iniciado el proceso judicial, luego de que, según las autoridades, fue vinculado a los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado.
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El operativo mediante el cual fue detenido Torres tuvo lugar la mañana del lunes 1 de septiembre, cuando los funcionarios judiciales ejecutaron la orden en el sector de Betania, ubicado al norte de Barranquilla.
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El proceso legal, que se mantuvo activo durante un lustro, condujo a la confirmación de la medida restrictiva de la libertad sobre el acusado, en tanto avanza la investigación sobre su presunta participación en la organización criminal implicada en el secuestro.
Sobre los hechos
Cinco años después de haber sido dejado en libertad, Alexander Torres fue recapturado este lunes en el barrio Betania de Barranquilla, tras una orden judicial que reactivó uno de los procesos más notorios por secuestro y extorsión en la ciudad.
El caso involucra directamente la retención del empresario Fito Acosta y su esposa, Katya Barros, quienes en 2018 fueron secuestrados por una banda que exigió inicialmente cinco millones de dólares (aproximadamente 19.700 millones de pesos colombianos al cambio de esa fecha) por su libertad.
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El secuestro de Acosta y Barros ocurrió la noche del 31 de agosto de 2018, cuando ambos fueron interceptados en la calle 106 con carrera 53, al norte de la ciudad, según los resultados de la investigación policial.
Tras su captura, los rehenes fueron llevados a una vivienda situada cerca del barrio La Pradera, en el suroccidente de Barranquilla, mientras los secuestradores mantenían la exigencia del pago por su liberación.
Horas después del rapto, los captores dejaron en libertad a Katya Barros, abandonándola en una calle del barrio San Felipe sin dar explicaciones.
El empresario fue liberado al día siguiente y regresó a su casa en taxi, sin que se concretara ningún pago solicitado, ni los cinco millones de dólares iniciales ni el millón al que la cifra fue disminuida tras las negociaciones internas de la banda. “La liberación de las víctimas se dio sin que se concretara el pago”, precisan los informes del caso.
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La rapidez de la resolución y la magnitud de la suma exigida llamaron la atención mediática, elevando el perfil de un caso que exhibía presuntas conexiones de los criminales con el sector público, según la información revelada tras el operativo.
A raíz de una intensa investigación, en diciembre de 2018 ocho hombres fueron capturados, entre ellos Alexander Torres. Mientras que seis fueron enviados de forma inmediata a prisión, dos recibieron detención domiciliaria. Las autoridades en ese entonces señalaron a Torres como presunto coautor, pero posteriormente su medida de aseguramiento fue revocada y recuperó la libertad, aunque el proceso judicial se mantuvo en curso.
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Cinco años después, un juez consideró persistentes los elementos probatorios en su contra y ordenó recapturarlo, evidenciando, según el expediente, la “capacidad del sistema judicial para garantizar justicia firme en casos complejos”.
El operativo no presentó incidentes y las autoridades no confirmaron si Torres, cuya vinculación laboral con la Dian había sido objeto de especulaciones, ofreció resistencia o se encontraba ejerciendo funciones públicas al momento de su arresto.
El secuestro de Acosta y Barros en 2018 marcó un precedente en la ciudad por la prontitud con la que las víctimas regresaron a casa y la cuantía de la extorsión, pero también por la sucesión de libertades revocadas, nuevas órdenes de captura y cuestionamientos sobre la solidez de las sanciones penales en crímenes de alto impacto.
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