Incidente de desacato contra Irene Vélez revive la polémica por la delimitación de Santurbán

Un juez administrativo abrió un incidente de desacato contra Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente, por presuntos retrasos en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán.

La decisión de ese juzgado en contra de Irene Vélez se da en medio de las controversias que por más de una década han rodeado este ecosistema estratégico ubicado entre Santander y Norte de Santander.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con la información difundida por Blu Radio, la medida busca establecer si la cartera ambiental incumplió con lo ordenado previamente por el alto tribunal, que había exigido avanzar con los estudios técnicos y los mecanismos de participación ciudadana necesarios para definir con precisión los límites del páramo.

El caso de Santurbán ha sido uno de los más debatidos en la agenda ambiental del país. Desde 2016, distintas sentencias han establecido que el proceso de delimitación debía garantizar el derecho de las comunidades a participar en las decisiones sobre el territorio, especialmente porque allí se encuentran fuentes de agua que abastecen a Bucaramanga y otras poblaciones de la región.

Según lo informado por Blu Radio, el juzgado competente analizará si la ministra encargada y su equipo han cumplido con las exigencias judiciales. De no ser así, podría imponerse una sanción por desacato, figura contemplada para garantizar el cumplimiento de los fallos de tutela y las órdenes de la justicia.

En el documento judicial se indica que existen preocupaciones por los retrasos en la entrega de los estudios técnicos, así como en la organización de los espacios de consulta con las comunidades. Estos elementos son considerados claves para avanzar en una delimitación que cumpla con los requisitos legales y ambientales.

El páramo de Santurbán es una zona de importancia estratégica, no solo por su biodiversidad, sino por su función en la regulación hídrica. Millones de personas dependen de sus aguas para el consumo humano y las actividades económicas. Por esa razón, organizaciones ambientales y veedurías ciudadanas han insistido en la necesidad de que el proceso de delimitación se realice con criterios técnicos, sociales y jurídicos sólidos.

La apertura del incidente de desacato contra Vélez ocurre en un contexto en el que persisten los reclamos de distintos sectores sociales y ambientales por la lentitud de las decisiones oficiales. Voceros de comunidades en Santander y Norte de Santander han reiterado que la incertidumbre sobre los límites del páramo ha generado tensiones con proyectos mineros y ha afectado la confianza en las instituciones.

El Ministerio de Ambiente, según lo señalado en Blu Radio, deberá presentar un informe detallado que demuestre los avances realizados en la ejecución de lo ordenado por los jueces. Allí se deberá especificar qué acciones se han desarrollado para garantizar la participación ciudadana y cuál es el estado de los estudios técnicos.

El juez que adelanta el caso tendrá que definir si las pruebas son suficientes para cerrar el incidente o si, por el contrario, corresponde imponer sanciones. Estas pueden ir desde multas económicas hasta medidas más severas, dependiendo del nivel de incumplimiento que se establezca.

El proceso de delimitación del páramo ha sido objeto de varias discusiones políticas. Mientras algunos sectores exigen una definición rápida para evitar la expansión de actividades mineras en la zona, otros han planteado que cualquier decisión debe estar acompañada de una compensación adecuada para las comunidades que habitan en los alrededores.

El caso de Santurbán refleja los retos de la política ambiental en Colombia. Por un lado, está el compromiso de proteger los ecosistemas de alta montaña, fundamentales para el abastecimiento de agua y la mitigación del cambio climático. Por otro, surgen las tensiones con las dinámicas económicas de las regiones y las expectativas de desarrollo de sus pobladores.

En el fallo previo, que dio origen al incidente de desacato, los jueces habían resaltado que el Estado debía garantizar una “delimitación concertada” del páramo, en la que los habitantes pudieran expresar sus opiniones y ser escuchados de manera efectiva.