Laura Sarabia reaccionó al nuevo contrato de pasaportes de la Cancillería: “El tiempo siempre pone todo en su lugar”

La firma de un contrato por más de 161.000 millones de pesos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la empresa Thomas Greg & Sons (TGS) generó un pronunciamiento de la exfuncionaria Laura Sarabia, que estuvo en el centro de la crisis por la expedición de pasaportes en el país.

A través de su cuenta de X, la ex alta funcionaria publicó un mensaje en el que expresó: “Responsable decisión. El tiempo siempre pone todo en su lugar”, en alusión directa a la medida adoptada por la Cancillería para garantizar la continuidad del servicio mientras se ajusta el nuevo modelo de producción de documentos.

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El pronunciamiento de Sarabia llega en un momento clave sobre este asunto, ya que ella estuvo en el centro de la controversia después de ocupar varios cargos clave dentro del gabinete de Gustavo Petro, hasta asumir la Cancillería, funciones que dejó de manera definitiva por la crisis que se agudizó en torno a la producción y entrega de pasaportes en Colombia.

De acuerdo con la información oficial, el contrato tendrá una vigencia de ocho meses, a partir del 1 de septiembre y busca asegurar la expedición ininterrumpida de pasaportes en Colombia mientras se implementa el esquema definitivo que estará a cargo de la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal.

El objeto del contrato incluye no solo la producción de las libretas, sino la “personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes”, así como el “servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”. La Cancillería precisó que los precios serán fijos y sin reajuste, lo que da estabilidad durante el periodo de transición.

La firma de este contrato asegura que los ciudadanos podrán continuar con la expedición de pasaportes sin retrasos ni interrupciones. Se mantiene así la posibilidad de atender la alta demanda de documentos para viajes internacionales en condiciones de normalidad, evitando riesgos de desabastecimiento.

Antecedentes de la crisis y la salida de Laura Sarabia

La situación de Laura Sarabia dentro de la Cancillería estuvo marcada por la controversia en torno a la licitación de pasaportes. La empresa TGS, encargada históricamente de este servicio, se encontraba en la etapa final de su contrato, lo que llevó a la exfuncionaria a tomar la decisión de prorrogar el acuerdo por once meses más, con el argumento de que la Imprenta Nacional no estaba en condiciones técnicas ni logísticas de asumir de inmediato la tarea.

Dicha medida fue rechazada por el presidente Gustavo Petro, que ordenó buscar una alternativa a través de Alfredo Saade, que en ese momento se desempeñaba como jefe de Despacho presidencial. El desacuerdo se convirtió en el punto más álgido de la crisis y derivó en la renuncia de Sarabia.

En ese momento, la exfuncionaria sostuvo que no estaba dispuesta a ceder en materia de principios ni de legalidad dentro del proceso.

Además, Sarabia, junto con Alfredo Saade y el excanciller Luis Gilberto Murillo, enfrenta una investigación de la Procuraduría General de la Nación por la controversia generada. Frente a este proceso, ella dijo en su momento que únicamente atendió las directrices impartidas por el presidente Gustavo Petro.

En paralelo, se anunció un convenio con el Gobierno de Portugal para la producción de pasaportes en conjunto con la Imprenta Nacional. Sin embargo, Sarabia aseguró que dicho acuerdo aún no estaba ratificado, lo que provocó un cruce de versiones dentro del Gobierno sobre el verdadero estado de la negociación. Mientras se anunciaba un avance en el convenio, la exfuncionaria advertía que no existía todavía un respaldo formal.

Este escenario de incertidumbre se sumó a las acusaciones de la exministra contra Alfredo Saade, al que señaló de ordenar retrasos en las citas para expedición de pasaportes con el fin de extender el uso de las libretas que aún quedaban disponibles. Según la exfuncionaria, ese tipo de prácticas ponían en riesgo la transparencia y la continuidad del servicio.